Cette publication ne fait pas partie de la bibliothèque YouScribe
Elle est disponible uniquement à l'achat (la librairie de YouScribe)
Achetez pour : 3,99 € Lire un extrait

Téléchargement

Format(s) : PDF - MOBI - EPUB

sans DRM

Partagez cette publication

Du même publieur

Portada

¿Representación o participación?

Los retos y desencantos andinos en el siglo XXI

Julie Massal (dir.)
  • Editor: Institut français d’études andines
  • Año de edición: 2008
  • Publicación en OpenEdition Books: 4 junio 2015
  • Colección: Travaux de l’IFÉA
  • ISBN electrónico: 9782821844384

OpenEdition Books

http://books.openedition.org

Edición impresa
  • Número de páginas: 170
 
Referencia electrónica

MASSAL, Julie (dir.). ¿Representación o participación? Los retos y desencantos andinos en el siglo XXI. Nueva edición [en línea]. Lima: Institut français d’études andines, 2008 (generado el 12 noviembre 2015). Disponible en Internet: <http://books.openedition.org/ifea/5833>. ISBN: 9782821844384.

Este documento fue generado automáticamente el 12 noviembre 2015. Está derivado de une digitalización por un reconocimiento óptico de caracteres.

© Institut français d’études andines, 2008

Condiciones de uso:
http://www.openedition.org/6540

El presente libro constituye el fruto del seminario titulado Ciudadanía, Instituciones y Democracia: procesos y actores del cambio sociopolitico en el área andina, realizado los días 9 y 10 de octubre de 2006, con ocasión de la celebración de los 20 años del Instituto de Estudios Políticos y Relaciones Internacionales (IEPRI).
El seminario pretendía convocar a una reflexión en tornoa los procesos de cambio político en una perspectiva comparada, enfocada en el área andina, con base en la línea de investigación "estado y cultura", tal vez la más tradicional en el Instituto. También se quería reunir un conjunto de expertos de distintas ciencias sociales (politólogos, antropólogos y sociólogos principalmente) en torno a tres temas principales como son: la relación entre ciudadanía y construcción del estado nacional, para entender cómo evoluciona la definición de los criterios de inclusión de los grupos sociales en la comunidad política; la relación entre procesos de representación y participación, diferenciada de acuerdo a la trayectoria de construcción de la democracia ; y por ultimo, la relacion entre las instituciones y los movimientos sociales constestarios, que puede ser de cooperacion o pero suele combinar ambas dinamicas en un mismo pais

Julie Massal

Profesora del IEPRI, Universidad Nacional de Colombia.

Índice
  1. Agradecimientos

  2. Introduccción

  3. Representación y participación ciudadana en el Ecuador: tensiones y complementariedades

    César Montúfar
    1. Espacios y potencial de la participación ciudadana como ciudadanía activa
    2. Exigencia y ampliación de derechos y garantías
    3. Control social, vigilancia, petición de cuentas a la autoridad
    4. Colaboración, cogobierno y fortalecimiento de la institucionalidad
    5. Innovación democrática
    6. Reflexiones finales: articulación de la política representativa y la Constituyente
  4. Entre la participación y la representación: retos y dilemas de la movilización indígena en Colombia y la zona andina

  1. Virginie Laurent
    1. Reivindicaciones indígenas y políticas del Estado: una combinación posible
    2. A manera de conclusión
  2. La diversidad de prácticas de derechos políticos en la configuración de la ciudadanía en Bolivia

    Luis Tapia
    1. Introducción
    2. Conclusión
  3. Ciudadanía étnica, derechos colectivos y descentralización en Ecuador: ¿herramientas de reconstrucción del Estado-nación?

    Julie Massal
    1. Introducción
    2. La ciudadanía étnica y los derechos colectivos
    3. Derechos colectivos y descentralización
    4. Conclusión
    5. Documentos:
  4. Las protestas sociales en Perú, entre el fujimorismo y la “transición democrática” (1995-2004)

    Martín Tanaka
    1. Introducción
    2. Las protestas en Perú, 1995-2004
  5. Democracia participativa en Venezuela: concepción y realizaciones

    Margarita López Maya y Luis E. Lander
    1. Fundamentos
    2. La esfera de la política
    3. El enfoque de lo social
    4. Políticas y realizaciones sociales
    5. Mirada evaluativa preliminar

Agradecimientos

1El seminario Ciudadanía, instituciones y democracia: procesos y actores del cambio sociopolítico en el área andina, organizado los días 9 y 10 de octubre de 2006 para celebrar los 20 años del IEPRI, se realizó con el apoyo financiero y logístico de la Dirección Académica de la Universidad Nacional, y del Instituto Francés de Estudios Andinos (IPSA), a los que agradecemos de forma especial por participar en la realización de dicho evento y en su éxito.

2El IFEA estuvo además representado en el seminario a través de su delegado en Colombia y de su director, Henri Godard, en la clausura del seminario. El interés del IFEA se manifestó también en el apoyo financiero que otorgó a la presente publicación, por lo que este libro no hubiera existido sin esta generosa colaboración.

3También queremos agradecer especialmente a la Rectoría de la Universidad Nacional, puesto que el rector Moisés Wasserman participó en la inauguración del seminario. Así mismo, agradecemos a todas las personas e instancias que, dentro del IEPRI, participaron en la organización del evento y en la realización de esta publicación.

Introduccción

1El presente libro es el resultado del seminario titulado Ciudadanía, instituciones y democracia: procesos y actores del cambio sociopolítico en el área andina, realizado los días 9 y 10 de octubre de 2006, con ocasión de la celebración de los veinte años del Instituto de Estudios Políticos y Relaciones Internacionales (IEPRI). El seminario buscaba convocar la reflexión en torno a los procesos de cambio político desde una perspectiva comparada, enfocada en el área andina, con base en la línea de investigación Estado y Cultura, tal vez la más tradicional en el Instituto. También se quería reunir un conjunto de expertos de distintas ciencias sociales (politólogos, antropólogos y sociólogos, principalmente) en torno a tres temas principales, a saber: la relación entre ciudadanía y construcción del Estado nacional, para entender cómo evoluciona la definición de los criterios de inclusión de los grupos sociales en la comunidad política; la relación entre procesos de representación y participación, diferenciada de acuerdo con las trayectorias de construcción de la democracia; y, por último, la relación entre las instituciones y los movimientos sociales contestatarios, que puede ser de cooperación o conflicto aunque suele combinar ambas dinámicas en un mismo país.

2En los artículos que conforman el volumen1, se privilegia como hilo conductor el tema de la representación y la participación política, que resultó presente en todas las ponencias, y en torno al cual se organizó el debate durante el seminario. Al respecto, se proponen textos que pretenden explorar los cambios que se han producido en las últimas dos décadas, en relación con los procesos de representación y de participación, y examinar la relación entre ambos. No es nuestra intención resumir los artículos que abordan dicha temática desde distintos ángulos, sino solamente mencionar las principales interrogantes y temáticas alrededor de las cuales se organizó el debate en el seminario, y dar cuenta de los resultados más llamativos del mismo, que se presentan en los distintos capítulos del libro o que se discutieron en las ponencias expuestas durante el evento.

3El tema central de las reflexiones se refiere entonces a la evolución de los procesos de representación y participación. Durante las últimas dos décadas se dieron cambios en las formas de ejercer la política y practicar la ciudadanía. Al respecto, destacamos el énfasis de varias ponencias sobre los cambios en las modalidades de ejercer la política que se fraguaron al calor de las movilizaciones indígenas (particularmente de Bolivia, Colombia y Ecuador). Los panelistas insistieron en el desarrollo de nuevas formas de participación, especialmente en el ámbito local, y de procesos innovadores de organización colectiva, pasando del sindicalismo campesino tradicional a otras estructuras o instancias de acción social (comunidades y pueblos representados por asambleas, por ejemplo). Dichas formas de organización se asientan sobre la politización de una identidad cultural étnica, en nombre de la cual se pretende ejercer o acceder a la ciudadanía (como lo analizó Christian Gros en su conferencia inaugural). De este proceso de politización da cuenta una literatura cada vez más amplia (que se presenta en la bibliografía de los artículos 2 y 4). En general, los autores consideran que la reivindicación del reconocimiento político de una identidad étnica favoreció la apertura o consolidación de nuevos espacios democráticos, básicamente por tres razones.

4La primera es que existe una ampliación de los derechos de la ciudadanía a nuevos grupos sociales, tradicionalmente excluidos de la comunidad política (minorías étnicas, mujeres), y se produce una extensión de la representación en el ámbito electoral, que abarca a nuevos grupos políticos que ahora sí disponen de representantes autónomos. Lo que se deriva de una redefinición de la relación entre la representación política y el Estado-nación. El análisis de esta relación en evolución fue el tema de la ponencia de Ricardo Calla en el seminario, y en el presente libro, se analiza desde distintos ángulos en los artículos 2, 3 y 4, que presentan la trayectoria de los movimientos indígenas de Colombia en la conquista de espacios políticos (Virginie Laurent); el ejercicio de los distintos derechos ciudadanos por parte de los movimientos sociales e indígenas de Bolivia (Luis Tapia) y la lucha por los derechos colectivos y su uso político por parte de los movimientos indígenas del Ecuador (Julie Massal).

5La segunda razón por la que se aduce que se dio una apertura democrática gracias a las movilizaciones indígenas es que los actores indígenas lograron ocupar nuevos espacios públicos, ya no sólo restringidos al ámbito local, sino también en el ámbito nacional o internacional. Por ejemplo, ocupan cargos en instancias encargadas de desarrollar políticas públicas a favor de los indígenas, en ministerios, en vice-presidencias (como Víctor Hugo Cárdenas en Bolivia en 1993) pero también en el poder legislativo. De esa manera, acrecientan su participación o influencia en el proceso de toma de decisiones y eventualmente en la formulación, ejecución o evaluación de políticas públicas, aunque con limitantes y contradicciones que los pueden debilitar en tanto actores sociales (Massal, en este libro).

6La tercera razón, más amplia, se refiere a la relación que el Estado mantiene con los pueblos indígenas: éstos últimos vieron cómo evolucionaba su papel y los roles que pueden desempeñar en la sociedad (al “indio” ya no se lo identifica sólo como el “campesino pobre", sino que puede desarrollar otras actividades económicas, profesionales y sociales). Dicho cambio, que se pudo observar en las últimas dos décadas (con dinámicas nacionales y locales muy contrastadas, por cierto), permitió a su vez un cambio en la relación entre los actores indígenas y el sistema político, partidista y electoral. Los actores indígenas se organizaron cada vez más de manera autónoma y participaron con representantes propios (ya no mediante partidos de izquierda o instancias religiosas) en el debate político. Es así como los actores indígenas pudieron debatir sobre el modelo de desarrollo económico y la organización de la democracia, y reivindicar una democracia más participativa. Su capacidad de innovación política fue notoria, puesto que propusieron introducir métodos participativos en el sistema representativo, o incluso cuestionaron los mismos fundamentos de la representación asentada en el Estado-nación, como ya resaltamos anteriormente. En síntesis, se trastoca la idea según la cual la ciudadanía se confunde con la nacionalidad, y se empieza a dibujar y a reivindicar una ciudadanía “diferenciada" o étnica.

7Pero estos avances en los procesos participativos y organizativos de la sociedad civil por fuera de los partidos y sindicatos tradicionales, también pueden manifestarse por la multiplicación de sectores organizados en torno a intereses sectoriales y corporativistas u autonomistas muy restringidos, alejados de la definición del interés público, y que al presionar sobre el Estado para la consecución de recursos, pueden debilitarlo y desprestigiar o vulnerar el principio mismo de la representación política, como lo argumenta César Montúfar en el primer capítulo del libro. Lo que significa que la participación puede resultar no siempre progresista, democrática, o dicho de otra manera: no siempre una mayor cantidad de organizaciones participando significa mayor pluralismo o mayor calidad democrática del debate público. El énfasis en la “organización de la sociedad civil", que propicia un proceso más cuantitativo que cualitativo, en muchos casos tiende a ocultar la extrema heterogeneidad de intereses y objetivos de los actores de la llamada sociedad civil. Montúfar propone entonces diferenciar distintas formas de participación; él valora especialmente el papel de organizaciones que ejercen un control y piden una rendición de cuentas a los gobiernos (veedores), y las que buscan producir información y debate público, en colaboración (o en sustitución) de los actores estatales o ejecutivos, así corno los actores sociales que propician innovaciones políticas y normativas, pero se muestra crítico frente al sinnúmero de actores organizados única y exclusivamente con el objetivo de realizar lobby para conseguir recursos.

8En síntesis, los autores del libro y panelistas del seminario volvieron a plantear el tema de la crisis de la representación, evidenciándola como una realidad y analizando sus causas y derroteros, pero también enfatizando en las fórmulas innovadoras que se han ensayado y las que faltan por ensayar en los países andinos. Sin embargo, varios panelistas y autores hicieron hincapié en los límites de los cambios logrados en los procesos de institucionalización política, al examinar los obstáculos a una verdadera renovación de la representación política, o incluso la apariencia engañosa de algunos “avances" en la conquista de espacios públicos.

9Un límite importante, señalado por María Emma Wills en su ponencia, se remite a un doble desfase: por un lado, la diferencia entre los avances en términos de organización y movilización colectiva de mujeres (en este caso, analizando los movimientos feministas en Colombia), y la dinámica de su representación en el ámbito público; y por otro lado, un desfase entre dinámica de “inclusión" y dinámica de “representación". Si bien los movimientos feministas progresaron, sus logros en materia de representación política y en participación en cargos públicos y profesionales no están a la altura de las esperanzas. Y si bien existen procesos de inclusión de mujeres en la esfera pública, los resultados no permiten hablar de una verdadera representación política, porque deben considerarse los pobres resultados en los ámbitos locales, y porque los mecanismos de inclusión conseguidos (cuotas) no necesariamente permiten un cambio real en los alcances de la representación social y política2. Una doble conclusión, más amplia, surge de este análisis: en primer lugar, mayor pluralismo no siempre equivale a mayor democracia; y en segundo lugar, los avances en la inclusión de mujeres (o minorías políticas de cualquier tipo), esto es el acceso a nuevas instancias y espacios de poder, puede coincidir con un movimiento general de retroceso de los espacios democráticos, o incluso con un régimen nítidamente autoritario, como lo demuestra la inclusión política de las mujeres a las esferas políticas durante los gobiernos de Alberto Fujimori (1990-2001), como lo demuestra un estudio de caso de Lourdes Hurtado (León, 2005). Por lo que mayor inclusión no equivale a mejor representación o a mayor democracia.

10Martin Tanaka (artículo 5) hace énfasis en las dificultades de articular la protesta social en un contexto de crisis económica y de transición política e institucional como la que ocurre en el Perú entre 1995 y 2004, periodo calificado por ciertos analistas como “transición democrática". Tanaka demuestra cuán fragmentadas y poco cohesionadas temática o ideológicamente resultan ser las protestas, que él observa a través de los conflictos locales. Dicha fragmentación, y la dificultad de agregar y organizar demandas más allá de intereses locales corporativistas hacen que la protesta siga siendo débil y vulnerable, tanto frente al predominio del clientelismo como de instancias autoritarias que se mantienen incluso en el contexto de la “transición democrática". Dichos límites intrínsecos de la protesta, y ciertas características del contexto social, obstaculizan los avances en la representación política en el nivel nacional, e impiden canalizar institucionalmente las demandas, por lo que existe, según el autor, un alto riesgo de una mayor violencia social.

11En un contexto distinto, Felipe Burbano, en su ponencia acerca de los factores de la inestabilidad política en el Ecuador, analiza la marcada tendencia hacia una pronta deslegitimación de todos los gobiernos, cualquiera sea su origen (civil o militar) y, sobre todo, el descrédito de los procesos institucionales de conquista del poder en favor de caminos más directos de acceso al gobierno, sin sustentarse en un proyecto político de largo alcance, lo que resume diciendo que se está afianzando “el mito de que se pueden tumbar los presidentes en la calle". Algo que redunda en una demanda cada vez más explícita en muchos países andinos de volver los mandatos de los actores ejecutivos revocables si ellos no cumplen con el programa anunciado en la campaña electoral o con las reivindicaciones de sus partidarios.

12En cambio, en Venezuela, el gobierno logra legitimidad mediante sus políticas sociales y la consolidación de la ciudadanía, al propiciar la incorporación de procesos participativos al sistema representativo, según argumenta Margarita López (artículo 6). El resultado es un mayor apoyo social y político al mandatario, pero se corre el riesgo de un control paternalista y clientelista del gobierno sobre los movimientos sociales y populares (que dependen de recursos estatales, abundantes en un periodo de prosperidad económica) y una dependencia política e ideológica de las organizaciones sociales frente a un poder cada vez más personalizado. En este caso, la multiplicación de procesos participativos puede ir en contra o, cuando menos, debilitar el sistema y el espíritu de la representación.

13Las tensiones entre representación y participación, pero también sus complementariedades, resultan sintetizadas por Montúfar en el artículo 1, por lo que no hace falta repetirlas. Simplemente cabe mencionar que los autores del libro, como reflejan sus artículos, en algunos casos se muestran muy favorables a los mecanismos participativos para mejorar o re-legitimar la democracia representativa, albergando la esperanza de que el ejercicio de derechos políticos por fuera de los canales representativos más institucionalizados resulte más eficiente y logre ampliar el ámbito de la ciudadanía; mientras en otros casos, advierten que un “exceso" o una mala orientación de los procesos participativos puede acarear un riesgo para la representación. En fin, otros señalan con prudencia la necesidad de evaluar los procesos participativos y representativos en relación con un contexto local o nacional específico, argumentando que no existe un esquema ideal de articulación de estos procesos, sino que todo depende de la trayectoria de construcción del Estado-nación y de la democracia de cada país.

Notas

1 Todos los artículos reunidos aquí fueron presentados en el seminario mencionado. Se presentaron además ponencias por parte de investigadores como Felipe Burbano (FLACSO, Ecuador), Ricardo Calla (BID, Bolivia) y María Emma Wills (Universidad de los Andes, Bogotá) y una conferencia inaugural de Christian Gros (Universidad de París III/[HEAL).

2 Para ampliar su argumento, consultar María Wills, “Las cuotas de mujeres en el área andina: inferencias de una comparación", en M. León (ed.), Nadandocontra la corriente: mujeres y cuotas políticas en los países andinos, Bogotá: Unifem/UNFPA/UN/IEP/Cidem/Flacso, 2005: 207-232.

Representación y participación ciudadana en el Ecuador: tensiones y complementariedades

César Montúfar

1EL ARTÍCULO 26 DE LA CONSTITUCIÓN de Ecuador establece el ámbito y alcance de la participación de los ciudadanos y ciudadanas. No limita la participación al marco establecido por la representatividad, sino que abre un espectro amplio de derechos políticos tanto en la esfera de la participación ciudadana en instancias representativas del gobierno (elegir y ser elegidos; desempeñar funciones públicas) como en otros ámbitos (consultas populares, fiscalización de los actos del poder público, revocatorias del mandato, presentación de proyectos de ley)1. La Constitución ecuatoriana, de este modo, configura un espacio significarivo para que la iniciativa ciudadana incursione en esferas de influencia sobre el poder público. Constitucionalmente hablando, la ciudadanía en Ecuador no se agota en un ejercicio pasivo de derechos y obligaciones; tiene el potencial de proyectarse a esferas que podríamos llamar de ejercicio de una ciudadanía activa.

2Este texto analiza las posibilidades y limitaciones de la participación ciudadana y el involucramiento de la sociedad civil en democracias latinoamericanas en consolidación como la ecuatoriana. Para ello, se parte de un claro distanciamiento de las posiciones antipolíticas que han ganado terreno en Ecuador y en América Latina en los últimos años y se hace un llamado a desarrollar una ciudadanía activa como una herramienta para fortalecer los sistemas democráticos en la región. El texto busca responder varias preguntas: ¿cómo puede fortalecer la participación de los ciudadanos el sistema vigente de democracia representativa? ¿Cuál es la relación más apropiada entre partidos y sociedad civil? ¿Cuáles serían las claves de acción para el ejercicio de una ciudadanía activa en democracias débiles como la ecuatoriana? La respuesta a estas interrogantes conduce a pensar la participación ciudadana como un método para fortalecer la democracia a través de, al menos, cuatro líneas de intervención: 1) la exigencia y ampliación de derechos; 2) el control social y la petición de cuentas; 3) la colaboración y el cogobierno hacia el fortalecimiento de la institucionalidad democrática; y 4) la innovación política. El texto concluye con una reflexión sobre la necesaria articulación entre representación y participación, entre la política representativa de los partidos y la política constituyente de las organizaciones de la sociedad civil, todo ello en la dirección de construir una democracia con la capacidad tanto de producir los resultados que la sociedad demanda como de consolidar una institucionalidad política que garantice las libertades fundamentales y la igualdad de oportunidades de los ciudadanos y ciudadanas.

Espacios y potencial de la participación ciudadana como ciudadanía activa

3Partir de la premisa de que la sociedad civil no puede ni debe ocupar el lugar de los partidos políticos no quiere decir que la participación ciudadana y la ciudadanía no tengan papel alguno que cumplir en el fortalecimiento de la democracia. Para despejar estas interrogantes, debemos reconocer que no todas las iniciativas de participación que provienen de la sociedad civil tienen una orientación democrática. No se trata de promover la participación por la participación pues algunas acciones ciudadanas pueden expresar valores y prácticas autoritarias, anti-políticas, machistas, racistas, etc. Por ello, cuando hablamos de la contribución de la sociedad en los procesos de democratización nos referimos a acciones ciudadanas que promueven la democracia y sus valores, consolidan la institucionalidad y se dirigen a apuntalar el liderazgo democrático. En ese sentido, bien pueden darse casos en que la participación directa de sectores de la sociedad genera procesos de privatización del Estado, valores autoritarios y anti-políticos y prácticas excluyentes, intolerantes, que atentan contra el principio de igualdad política. Por ello, la participación ciudadana en la democracia siempre hace referencia a un campo en disputa política y cultural alrededor de lo público; un campo de disputa que se mueve alrededor de proyectos de inclusión o exclusión de la comunidad política y que trae consigo, implícita o explícitamente, proyectos políticos diferenciados entre los distintos sectores de la sociedad (Dagnino, Olvera y Panfichi, 2006). Despolitizar la acción o participación de la sociedad civil constituye una falacia que desnaturaliza el carácter esencialmente político y cultural de lo cívico y de lo ciudadano (Alvarez, Dagnino y Escobar, 1988).

4En el marco de su potencial democrático, la participación ciudadana se despliega en dos ámbitos de ejercicio de la ciudadanía. El primero se refiere a una ciudadanía pasiva. Este ámbito implica el ejercicio de los deberes y obligaciones básicas de los ciudadanos, a saber: ir a votar (sobre todo en países como el Ecuador en que el voto es obligatorio), pronunciarse en las consultas que les haga la autoridad, pagar impuestos, cumplir con la ley. La ciudadanía pasiva es la más común y la ejercitan de una u otra manera la mayoría de los ciudadanos. En ella, la ciudadanía espera las acciones de la autoridad sin establecer ningún sistema de vigilancia social más allá del establecido; confía que las instituciones satisfagan sus demandas y expectativas sin activar ningún mecanismo de rendición independiente de cuentas. En el esquema de la ciudadanía pasiva, los electores viven la democracia en el momento de ir a votar y forman parte de una tenue opinión pública que influye indirectamente en la acción cotidiana de los gobernantes. La ciudadanía pasiva no tiene otra forma de expresión que aquella que le ofrece el sufragio como instrumento de premio o castigo a las autoridades electas y subsidiariamente la opinión dispersa que puede ejercer a través de los sondeos de opinión (Przeworski, Stokes y Manin, 1988). Por medio de la ciudadanía activa, los ciudadanos y ciudadanas pueden, por momentos, alcanzar una enorme influencia sobre las decisiones de sus representantes. Su influencia, empero, será siempre indirecta.

5El segundo ámbito de participación se identifica con lo que podríamos denominar ciudadanía activa. En esta dimensión, los ciudadanos toman un papel protagónico tanto en el cumplimiento de sus obligaciones y deberes como en la garantía y satisfacción de sus derechos. Pueden, incluso, ir más allá y constituirse en agentes de colaboración, apoyo e innovación para que las autoridades e instituciones cumplan con los objetivos de toda o una parte de la sociedad. En este ámbito, el ejercicio de la ciudadanía trasciende el espacio de lo que la ley obliga a los ciudadanos, el ámbito de la ciudadanía pasiva, y se centra en, al menos, cuatro líneas de acción: exigencia y expansión de derechos y garantías; control, vigilancia y petición de cuentas; colaboración con la autoridad hacia el fortalecimiento institucional; e innovación política.

6Antes de explicarlas con mayor detalle, precisemos que estas líneas de acción no son excluyentes y pueden presentarse o mezclarse en una misma iniciativa de participación. Igualmente, resulta muy difícil que un solo actor social pueda ejercitarlas todas a la vez. La mayor parte de actores sociales llevan a cabo acciones que pueden pertenecer a una o dos de las direcciones señaladas. De todas formas, estas modalidades de ciudadanía activa comportan procesos de aprendizaje democrático tanto para los actores de la sociedad civil como de la sociedad política. La ciudadanía activa tiene el potencial de desatar no sólo nuevas prácticas de orden político sino renovados marcos conceptuales para comprender la realidad social.

Exigencia y ampliación de derechos y garantías

Un pour Un
Permettre à tous d'accéder à la lecture
Pour chaque accès à la bibliothèque, YouScribe donne un accès à une personne dans le besoin