Introducción - Observatorio para la CiberSociedad
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1. TEMÁTICA 3: PARTICIPACIÓN CIUDADANA: ¿REALIDAD O UTOPÍA? M. Fernández, F.J. Aznar y J.A. Raga. Unidad de Zoología Marina, Instituto Cavanilles ...
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| Publié par | McLuhan-Marshall |
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| Langue | Español |
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TEMÁTICA 3: PARTICIPACIÓN CIUDADANA: ¿REALIDAD O UTOPÍA? M. Fernández, F.J. Aznar y J.A. Raga Unidad de Zoología Marina, Instituto Cavanilles de Biodiversidad y Biología Evolutiva, Universitat de València. A.P. 22085, Valencia 46071, España. Email: mercedes.fernandez@uv.es Introducción Hasta aquí se han discutido dos aspectos clave sobre el acercamiento de la ciudadanía a los problemas medioambientales. Por un lado, la formación en CYT de los ciudadanos es indispensable para desarrollar una actitud crítica frente a estos problemas (Temática 1). Por otro lado, es de vital importancia que el ciudadano se sienta motivado para adoptar una actitud proambiental (Temática 2). Estos dos aspectos cobran sentido cuando el individuo tiene la posibilidad de participar activamente en los procesos de gestión medioambiental. De hecho, en la Temática 2 (Pto. 6.2.) se enfatizó la importancia de la participación en la resolución de los problemas como un fuerte elemento motivador a nivel personal. La participación ciudadana (PC) viene implícita en el hecho de vivir en una democracia. Por lo tanto, un gobierno democrático debe favorecer de forma plena y efectiva la PC en la toma de decisiones. En este documento veremos: (a) en qué medida pueden los ciudadanos participar en los procesos relacionados con problemas medioambientales ( los tres principios de acceso ); (b) La implementación de la participación ciudadana a nivel mundial; (c) cuáles son las condiciones necesarias para que se favorezca la participación ciudadana ( descentralización democrática ); (d) Ejemplos emergentes en localidades y ciudades españolas ( Agenda 21 locales ); (f) Papel de las nuevas tecnologías en la participación ciudadana ( Internet ). 1. Participación ciudadana La teoría 1.1. En 1992, más de 175 gobiernos llegaron a un consenso con profundas implicaciones para el desarrollo sostenible: cada persona debería tener (1) acceso a la información relacionada con el medio ambiente, (2) oportunidades para participar en los procesos de toma de decisiones que afectan al medio y (3) acceso a compensación y posibilidad de recurrir . Estos tres principios de acceso están articulados en el Principio 10 de la Declaración de Río de Janeiro: Los temas medioambientales se manejan mejor con la participación de todos los ciudadanos implicados, a nivel relevante. A nivel nacional, cada individuo deberá tener un acceso apropiado a la información que concierne al medio, que es depositada en las autoridades públicas, incluida la información sobre materiales peligrosos y actividades en sus comunidades, y la oportunidad de participar en los procesos de toma de decisiones. Los Estados facilitarán y estimularán el conocimiento del ciudadano y la
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participación haciendo que la información esté ampliamente disponible. Debe proporcionarse un acceso efectivo a los procesos judiciales y administrativos, incluyendo compensación y recurso. 1.2. La PC se contempla en varios acuerdos internacionales, regionales y nacionales. Pero, ¿por qué es importante la PC? Es indispensable para que un gobierno democrático actúe de forma responsable y, además, es un prerrequisito fundamental para conseguir un desarrollo sostenible. Hasta hace relativamente poco, la única PC que conocíamos era la que venía dada por los métodos tradicionales de consulta popular. Pero en realidad la PC implica el libre intercambio de ideas, la transparencia, el aprendizaje mutuo y los procesos para la toma de decisiones. 1.3. Los beneficios que se derivan de la PC son numerosos: (a) Refuerza la democracia, puesto que los ciudadanos ejercen sus derechos democráticos al manifestar sus preocupaciones y cooperar con el gobierno. (b) Incrementa la responsabilidad. La PC ayuda a asegurar que los gobiernos sean responsables de sus acciones y que respondan a los intereses públicos. (c) Mejora la calidad del proceso. La PC hace que los gobernantes sean partícipes de las diferentes ideas, opiniones y preocupaciones de los ciudadanos contribuyendo así a dar soluciones a conflictos que de otra manera no hubieran surgido. (d) Intercede en conflictos sociales. La PC implica la interacción entre diferentes grupos de interesados limando así los posibles conflictos sociales. (e) Constituye una defensa contra posibles problemas, que de otro modo hubiesen sido pasados por alto. (f) Refuerza la legitimación del proceso. Sin una PC significativa, los ciudadanos pueden sentirse manipulados y descontentos, dificultando así un diálogo efectivo y creando desconfianza. 1.4. Veamos ahora en qué consisten y cómo se ejecutan los tres principios de acceso constatados en el Principio 10 de la Declaración de Río (Pto. 1.1.). 1.4.1. Acceso a la Información: el Derecho a saber. El acceso a la información es un derecho humano básico y uno de los atributos fundamentales de la democracia. El acceso a la información medioambiental capacita a los ciudadanos para elegir de forma contrastada entre varias opciones. Además, se ha demostrado que la participación de ciudadanos bien informados conlleva a una mejor actuación medioambiental por parte del gobierno y la industria. Pero cualquier información no es válida. Ésta ha de ser relevante, oportuna, fácilmente accesible, y que no suponga un gran coste económico para el solicitante. En los últimos tiempos, la demanda de información por parte del público se incrementado
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por varias razones. La urgencia y el alcance de los problemas medioambientales requieren adquirir una información bien fundamentada para apoyar las decisiones pertinentes. Estamos ante una sociedad civil que cada vez está adoptando un rol más activo en todos los temas que le conciernen. Por otra parte, el descomunal desarrollo de las nuevas tecnologías en las últimas décadas (desde los faxes hasta los GIS, pasando por Internet) ha generado un nivel de interconexión desconocido hasta ahora. Además, estas tecnologías han colaborado en la profundización, presentación y difusión de la información, ampliando así el conocimiento del público sobre los problemas medioambientales. Para garantizar un acceso adecuado a la información sobre el medio ambiente se precisan varias cosas: (a) La existencia de apoyo constitucional, leyes especiales y mecanismos que permitan la libertad de información y el acceso a la información medioambiental. (b) La definición de qué información medioambiental ha de conocer el público y el establecimiento de mecanismos de apertura. Dicha información ha de incluir datos sobre la calidad del medio y su impacto en la salud, factores que influyen, contenidos sobre legislación y política, y consejos sobre cómo conseguirla. (c) Las herramientas para la divulgación y el acceso del público sobre la actuación sobre el medio ambiente por parte de las industrias. (d) La infraestructura y capacidad suficientes para responder a las peticiones y diseminar activamente la información. 1.4.2. Acceso a la toma de decisiones: en definitiva, acceso a participar. Al igual que el derecho a saber, el acceso a la participación también es un derecho. Una participación significativa, es decir, oportuna y de calidad, es básica para llevar a cabo una democracia participativa a todos los niveles del gobierno, incluido el internacional. Son los gobiernos los que deben asegurar una participación popular efectiva en los procesos de toma de decisiones y su seguimiento, con derecho a comentarios escritos y orales. Según la Convención de Aarhus (uno de los instrumentos regionales de 1998 que contempla la PC en temas medioambientales), no hay una fórmula para la participación pública, pero un mínimo requiere comunicación efectiva, información adecuada, procedimientos apropiados y una consideración adecuada del resultado de la participación pública . Se ha visto que cuando las preocupaciones y las sugerencias de los ciudadanos se tienen en cuenta, la gestión medioambiental es, por lo general, más efectiva. 1.4.3. Acceso a la justicia. Este tercer principio de acceso ofrece a los individuos y a los grupos de interés la oportunidad de proteger su derecho a la información y
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participación, así como impugnar decisiones que no tomen en cuenta sus intereses. Un sistema nacional de acceso a la justicia requiere: (a) Respaldo constitucional para el acceso a la justicia. (b) Interpretación amplia y global del reglamento o estatutos. (c) Sedes administrativas y judiciales imparciales alternativas para la resolución de conflictos. (d) Servicios legales asequibles y oportunos. (e) Educación activa por parte del gobierno sobre la participación y derechos ambientales de los ciudadanos y la forma en que el público puede usar el sistema legal para proteger esos derechos. La realidad 1.5. Estatus de la implementación del Principio 10 a nivel mundial Un extenso estudio llevado a cabo por el World Research Institute ( Closing the gap , véase en referencias) en nueve países sobre la implementación de los tres principios de acceso ha mostrado los siguientes resultados (que podrían extrapolarse al resto de países): 1.5.1. La implementación de la PC se está llevando a cabo, pero todavía queda mucho por hacer. El marco legal que contempla el acceso del público a la información medioambiental, así como los mecanismos que permiten la revelación de información y la participación popular, están establecidos. Sin embargo, existe un vacío entre la ley y la puesta en práctica de los principios de acceso debido a varios factores. En primer lugar, la falta de capacidad del gobierno y de la propia sociedad civil limita el correcto funcionamiento de los tres principios de acceso. Por ello, es necesario que se materialice lo que se conoce como capacity building , es decir, por un lado, la formación de los funcionarios sobre la importancia de la implementación de los principios de acceso, y, por otro, la de los ciudadanos (el problema se trató por extenso en la Temática 1 sobre ACYT). En la mayoría de los países estudiados la infraestructura institucional necesaria para implementar los principios de acceso es insuficiente. Por ejemplo, en Indonesia y Hungría todavía persiste una cultura de secretismo burocrática que mina las políticas de apertura informativa. Excepcionalmente, las constituciones de Tailandia y Uganda reconocen explícitamente del derecho a la participación pública en la toma de decisiones. 1.5.2. La puesta en funcionamiento de los tres principios de acceso está desequilibrada. En la mayor parte de países en donde se realizó el seguimiento, el acceso a la información es el que está mejor organizado. No obstante, la actuación de los gobiernos en cuanto al acceso a la participación y a la justicia deja mucho que desear. Los tres principios están
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entrelazados y son interdependientes, por lo que el fallo de alguno de ellos hace que peligre todo el sistema de PC. 1.5.3. Afortunadamente, los marcos legales que conciernen a los tres principios de acceso están evolucionando rápidamente. Por ejemplo, el desarrollo de la legislación en cuanto al acceso de información sobre la emisión de contaminantes progresa adecuadamente, según el WRI, en muchas regiones y países. 1.5.4. En cuanto a proporcionar información al ciudadano, también es interesante resaltar que la actuación del gobierno se ve estimulada cuando se trata de asuntos abordados por los medios de comunicación (p.e., en emergencias a gran escala que aparecen en prensa, TV, radio, etc.). Además, los gobiernos que se anticipan o reaccionan al escrutinio público también desempeñan mejor la labor de proporcionar acceso a la participación. 1.5.5. Uno de los problemas en la implantación de la PC es que los gobiernos a menudo hacen partícipes a la población en las fases finales de los procesos de toma de decisiones. Es decir, no implican a los ciudadanos en todas las etapas del proceso, y cuando lo hacen, la mayor parte de las decisiones están ya tomadas. Además, en muchas ocasiones la ciudadanía tiene una participación presencial pero no decisoria (con voz pero sin voto). 1.6. ¿Cómo podemos hacer que el ciudadano se comprometa con su gobierno y participe realmente? 1.6.1. El gobierno correspondiente debe comenzar por aproximarse al ciudadano más activamente a través de la simple consulta (la cual implica la colección de aportaciones y preocupaciones y no requiere un diálogo o un intercambio de ideas bidireccional). De esta manera se facilitará la participación efectiva de la ciudadanía contribuyendo a la gestión medioambiental. Es evidente que los ciudadanos se implicarán más en todos estos procesos si perciben que se cuenta con ellos de forma significativa. Algunas estrategias generales que se han sugerido, entre otras, para estimular la participación ciudadana son: 1.6.2. Grupos de Trabajo. Este es el medio más exhaustivo de implicación ciudadana. Los grupos pequeños de discusión permiten que diversos grupos de participantes entablen un diálogo y deliberen en profundidad acerca de los temas medioambientales. 1.6.3. Deliberación online del público, de manera similar a como hacemos en este II Congreso de la Cibersociedad. Los principios son los mismos que los grupos de trabajo pero a través de Internet. Por este medio, el individuo accede a un diálogo en las dos direcciones, lo cual permite que el ciudadano contribuya a moldear los procesos gubernamentales. La ventaja de esta técnica es su gran alcance (en países en donde la población con acceso a Internet es amplia, obviamente) y su bajo coste.
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1.6.4. Programas educacionales. De nuevo enlazamos aquí con la Temática 1 sobre la ACYT. 1.6.5. Medios de comunicación. Los medios de comunicación son una de las vías de más amplio alcance para proporcionar al público información y conseguir el compromiso de los ciudadanos. 2. Dos aproximaciones a la construcción de la PC: la descentralización democrática y la Agenda 21 2.1. La descentralización democrática: la institucionalización de la participación ciudadana La teoría 2.1.1. Muchos ambientalistas defienden que la gestión de los recursos ambientales debe basarse en la comunidad, es decir, debe ser una gestión participativa. El proceso para institucionalizar y conseguir la PC es la descentralización democrática (DD). La DD consiste en la transferencia de poderes y recursos desde el gobierno central hacia las autoridades representativas de las poblaciones locales, cuyo primordial objetivo es aumentar la participación popular en la toma de decisiones locales. 2.1.2. Los tres elementos clave que veremos a continuación y que caracterizan la descentralización son el poder discrecional , la responsabilidad y la seguridad . 2.1.3. La descentralización democrática requiere una transferencia de poderes discrecionales desde el gobierno central al local. Estos poderes son legislativos (formulación de normas) , ejecutivos (toma de decisiones y ejecución), y judiciales (solución de conflictos). Los poderes discrecionales permiten que el gobierno local responda con flexibilidad a las necesidades y pretensiones locales. Pero esos poderes deben tener valor o significación para los ciudadanos para poder comprometerse con el Estado y demandar que las decisiones se adapten a sus necesidades. Por otro lado, la transferencia de poderes ha de realizarse de manera segura (véase más abajo, Pto 2.1.5. c). 2.1.4. La descentralización debe sustentarse sobre instituciones locales representativas y responsables (que rindan cuentas a la población y que todos los sectores de la misma se vean representados). Es tan inadecuado transferir poderes sin una representación responsable como establecer una representación responsable sin poderes. El problema surge cuando la mayoría de las reformas de descentralización funcionan únicamente en una de las dos direcciones. 2.1.5. Algunas de las recomendaciones para conseguir que la reforma de DD se lleve a cabo adecuadamente y para que se cumplan los tres elementos clave de la descentralización (véase Punto 2.1.2.) son los siguientes:
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a) Se debe trabajar con instituciones democráticas locales como primera prioridad. Los gobiernos, organizaciones sin ánimo de lucro y ONGs pueden fomentar la responsabilidad local al acceder a trabajar conjuntamente con los gobiernos locales electos, al promover los procesos electorales que admitan candidatos independientes y al aplicar medidas de responsabilidad a todas las instituciones con poder decisorio. b) Los poderes que se transfieren deben ser suficientes y apropiados para favorecer la PC. Tanto los gobiernos, organizaciones sin ánimo de lucro y ONGs como la comunidad científica han de trabajar para que esto ocurra así. c) Los poderes han de transferirse como derechos seguros. Con el fin de que la población local pueda disfrutar de los derechos como ciudadanos en vez de permanecer como sujetos dependientes y pasivos, la transferencia de poderes y derechos discrecionales ha de ser segura. Los medios de transferencia pueden ser constitucionales, legislativos o venir a través de decretos ministeriales u órdenes administrativas, siendo los primeros los más seguros. Es decir, en la medida en que la transferencia no se establece constitucionalmente, los poderes pueden concederse y retirarse al antojo del gobierno central, de forma que las autoridades locales seguirán dependiendo y rindiendo cuentas al gobierno central. d) Debe hacerse un esfuerzo por conseguir la equidad y la justicia. Es necesario que el gobierno central evite las desigualdades y que una minoría privilegiada acapare la toma de decisiones. El gobierno central ha de proporcionar el marco legal para que los ciudadanos puedan exigir a las autoridades locales responsabilidad, justicia y equidad. e) Se deben establecer normas ambientales mínimas. Estas normas permitirán que la toma de decisiones a nivel local sea sólida desde el punto de vista ecológico. Estas normas mínimas especifican los límites del dominio de la autonomía local y evita que la concesión de poderes ilimitados provoque una sobreexplotación de los recursos. f) Se deben establecer mecanismos locales para la mediación entre el gobierno central y el local. Estos mecanismos deben facilitar la resolución de controversias, proveer tribunales independientes y accesibles, además de la posibilidad de utilizar canales de apelación diferentes a los proporcionados por las agencias gubernamentales implicadas en la gestión de los recursos naturales. El gobierno central, junto con el apoyo de organizaciones sin ánimo de lucro, comunidades y ONGs, debe habilitar mecanismos alternativos para resolver conflictos que sean complementarios a un sistema judicial justo. g) La educación y formación debe proporcionarse a todos los actores de la descentralización, tanto a los individuos como a las autoridades locales. Los primeros deben conocer tanto derechos como las obligaciones que el gobierno tiene hacia ellos. Igualmente, las autoridades locales deben tener conocimiento pleno de sus derechos y obligaciones para gobernar responsablemente, de forma equitativa y justa. El gobierno central, organizaciones sin ánimo de lucro y ONGs
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pueden colaborar en informar a la población sobre sus derechos, hacer legibles textos sobre leyes y documentos en general para fomentar el compromiso popular y la responsabilidad de los gobiernos locales. h) Se debe dar tiempo al proceso de reforma de la descentralización ya que requiere de una importante inversión de tiempo y esfuerzo. i) Se han de desarrollar indicadores para el seguimiento, evaluación y análisis de los resultados de la descentralización. Todo ello es necesario para verificar que el proceso de descentralización se está desarrollando de manera adecuada y cumpliendo con su objetivo (véase punto 1.1) 2.1.6. Beneficios de la descentralización. a) La DD contribuye a la equidad ya que permite una distribución justa y democrática de los beneficios que surgen de las actividades locales. b) Cuando la comunidad y sus representantes locales toman decisiones sobre el uso de los recursos hay más probabilidad de que se tome en cuenta todo el conjunto de costes que estas decisiones suponen para la población local. Si los que toman las decisiones son individuos externos o no están obligados a rendir cuentas al gobierno central puede ocurrir que actúen en beneficio propio sin considerar los costes que ocasionan a los demás. c) La DD aumenta la responsabilidad de la ciudadanía al estar en sus manos la toma de decisiones. d) La inclusión del conocimiento y las preocupaciones de la población en el diseño, implementación, gerencia y evaluación del proceso de DD contribuye a la adecuación de las acciones a las necesidades locales. e) El acercamiento del gobierno a la ciudadanía contribuye a la utilización del conocimiento, creatividad y los recursos de la comunidad. f) La DD contribuye a mejorar la coordinación y flexibilidad entre las agencias administrativas, además de aumentar la eficacia en la planificación e implementación del desarrollo y la conservación. g) La DD provee a las comunidades locales de ingresos al participar en los beneficios de los recursos locales que les permiten llevar a cabo gestiones medioambientales efectivas. Las dos caras de la realidad La cruz 2.1.7. Ante el temor de perder los beneficios económicos que pudieran proporcionarles la gestión de los recursos naturales y perder los poderes que sustentan su actividad política y administrativa, los responsables del gobierno central son reticentes a transferir poderes a las autoridades locales. Esta resistencia a la DD en cuestiones medioambientales viene
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reflejada en la transferencia de poderes limitados y demasiado específicos, así como en la selección de instituciones locales que siguen rindiendo cuentas a la autoridad central y no a la población local. En algunos casos, como las agencias de protección de la vida silvestre, se transfieren derechos de uso sin valor comercial mientras que los aspectos lucrativos del sector quedan bajo el control del gobierno central. 2.1.8. En numerosas ocasiones, el desconocimiento de lo que implica la DD conlleva a una serie de prácticas que poco o nada tienen que ver con ella, como por ejemplo la privatización. Desproveer de los recursos públicos a las instituciones democráticas y transferirlos a instituciones privadas no tiene lugar dentro de la filosofía de la DD. 2.1.9. Si en lugar de delegar derechos seguros (véase Pto 2.1.5.c) se delegan privilegios, la DD no será eficaz. La percepción por parte de los ciudadanos y de las autoridades locales de que no disfrutarán de los poderes por mucho tiempo puede originar que no haya una ejecución responsable de los mismos (y que en muchos casos ha dado lugar a la sobreexplotación de los recursos naturales). 2.1.10. Otro de los factores que conducen a una incompleta implementación de la DD es la falta de confianza de algunos gobiernos centrales en la capacidad de los consejos locales para llevar a cabo la gestión medioambiental. En Malí, el Estado se comprometió a que la gestión de los bosques la llevarían los consejos rurales. Éstos, hartos de que el gobierno les diera largas se organizaron por su cuenta consiguiendo una gestión más que satisfactoria de sus bosques. A pesar de esta evidencia, el departamento forestal de Malí considera que los consejos rurales carecen de los conocimientos y capacidad necesarios para funcionar autónomamente. 2.1.11. En algunos países, la descentralización ha provocado ciertos conflictos sociales, como la violencia entre los usuarios de los recursos o la monopolización por parte de la élite de los beneficios resultantes de la DD. Es importante la pluralidad institucional, pero sin representatividad se corre el peligro de ser útil solamente a los grupos más poderosos y mejor organizados. P.e., en Camerún, los jefes y miembros de los comités de gerencia se asocian para convertirse en una nueva élite forestal. 2.1.12. Otro problema con el que nos encontramos en el desarrollo de la DD es que los líderes políticos locales son elegidos a partir de listas partidarias. De esta forma, las autoridades a menudo muestran mayor responsabilidad hacia sus partidos que hacia la población local. En algunos casos, como en Méjico o Uganda, se han aceptado candidatos independientes en las elecciones locales fortaleciendo así la responsabilidad hacia el ciudadano. La cara 2.1.13. Pero no todo son impedimentos a la hora de que una DD se desarrolle satisfactoriamente. Existen varios ejemplos en los que los intentos de DD han fructificado. Así, en Kumaon (India), el desarrollo sostenible de sus bosques durante más de 70 años has sido posible gracias a la acción responsable de la autoridad local descentralizada. En Nicaragua,
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los grupos indígenas han conseguido que sus opiniones y peticiones respecto a los recursos naturales se incluyan en las agendas de los consejos locales, llegando incluso a proponer a sus propios candidatos para la alcaldía. 2.1.14. Aún así, la DD está en sus comienzos en muchos países y se necesita darle tiempo para que comience a dar resultados. Se trata de una reforma complicada y que implica a un gran número de actores, por lo que todavía debemos esperar bastante tiempo. 2.2. Agenda 21 2.2.1. Uno de los instrumentos internacionales que integra la participación local y pública es la denominada Agenda 21. La Conferencia de las Naciones Unidas sobre Medio Ambiente y Desarrollo reconoció que el compromiso y la implicación de todos los grupos sociales son fundamentales para implementar de manera efectiva la Agenda 21. En relación con el medio ambiente, el Capítulo 23 de la Agenda 21 establece la necesidad de que los individuos, grupos y organizaciones participen en los procedimientos de evaluación del impacto ambiental y a que conozcan y participen en las decisiones (pertinentes) . En el Capítulo 8 de la Agenda 21 se menciona la necesidad de un diálogo y mecanismos para facilitar la implicación de los individuos, grupos y organizaciones en la toma de decisiones a todos los niveles . Es en el Capítulo 28 donde se establece que las autoridades locales deberían consultar a los ciudadanos y grupos locales para llegar a un consenso acerca de la Agenda 21 local en 1996. A pesar del énfasis que se pone en la participación pública, esta transmisión de poder a la ciudadanía no consta claramente en las actuaciones políticas. Se dice qué se tiene que hacer, pero no se sabe cómo. Ello conlleva a que muy frecuentemente la participación queda restringida a la discusión del conocimiento y educación, lo cual implica una absorción pasiva de información más que una consulta activa. 2.2.2. En el caso concreto de España, el desarrollo de la Agenda 21 local (A21l) está empezando a dar sus frutos en numerosos municipios. En muchos de estos municipios sí que existe una verdadera participación pública democrática, que se manifiesta a través de los Presupuestos de Elaboración Ciudadana (PEC) o Presupuestos Participativos (PP) . La Asamblea Mundial de Ciudades y Autoridades Locales que tuvo lugar en el Encuentro Internacional de Hábitat II (ONU) en Estambul durante 1996, incluyó en su declaración final la recomendación de que se aplicaran los Presupuestos Participativos, calificándolos como buena práctica de gestión urbana . Los PEC aparecen como una nueva estrategia de participación popular en la que los ciudadanos se ven implicados en la toma de decisiones públicas locales. El PEC permite establecer prioridades presupuestarias municipales a través del consenso con los ciudadanos y el gobierno local, realizando un seguimiento de los compromisos adquiridos y asumiendo los resultados. Esta forma de participación surgió en Porto Alegre (Brasil) en 1988, cuando el Partido de los Trabajadores consiguió la alcaldía. El objetivo que se propuso dicho partido fue involucrar a los habitantes en los problemas que afectaban a la ciudad, proporcionando los medios necesarios
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para dotar a los vecinos de voz y voto en la gestión del presupuesto municipal. 2.2.3. De forma resumida, los PEC constan de varias etapas en las que se celebran reuniones y asambleas vecinales para discutir las prioridades del municipio y decidir el destino del presupuesto para obras y servicios en cada zona de la ciudad. Para ello el municipio se divide en barrios o distritos. Hay dos tipos de reuniones: abiertas , a donde pueden acudir todos los vecinos (con voz), y especializadas , que corresponden al Consejo del PEC (compuesto por dos titulares y dos suplentes por barrio y área temática elegidos por los vecinos), en las que se decide qué actuaciones se llevarán a cabo en la ciudad. Se celebra un primer pleno en cada barrio en donde el alcalde informa, entre otras cosas, del plan de inversiones del ayuntamiento para el siguiente año. Además, se establecen las normas para regular la participación y se establecen los criterios que se deben seguir para tomar las decisiones. En esta reunión se elige un delegado por cada 10 habitantes de cada barrio, que serán los que recojan las demandas de su barrio y las presentarán en las reuniones especializadas. A partir de entonces se celebran sucesivas asambleas en las que se determinan las prioridades de los barrios y se elabora la matriz presupuestaria (se van puntuando las propuestas presentadas de acuerdo con un criterio de prioridad: a la primera, p.e., se le da un 4, a la segunda un 3, y así sucesivamente). El resultado refleja las preferencias de los vecinos para el siguiente ejercicio y así se decide el destino del presupuesto municipal. Paralelamente tienen lugar las reuniones especializadas que incluyen los Foros de delegados (que articulan las demandas, discuten los informes del Consejo y fiscalizan las obras que se van realizando) y el Consejo del PEC, siendo este último el que decide qué obras se realizarán después de compatibilizar las propuestas con el presupuesto municipal. 2.2.4. Un ejemplo representativo de los PEC en España es el de Cabezas de San Juan, en Sevilla. Esta experiencia fue seleccionada en el Concurso de Buenas Prácticas de Dubai en 2002 y catalogada como Good La . preocupación sobre la PC comenzó en 1995, cuando la coalición Izquierda Unida, Los Verdes y Convocatoria por Andalucía alcanzaron la alcaldía del pueblo. El proyecto denominado El reparto comenzó en 1999. El gobierno municipal se planteó como objetivo el conseguir la motivación y la toma de postura de los ciudadanos ante diversos problemas y la de crear cauces de participación en la toma de decisiones. En realidad, los PEC eran una excusa para propiciar el proceso de transformación social, ya que existía un elevado porcentaje de analfabetismo (30%) y paro (20%), y sólo un 15% de los adolescentes continuaban los estudios después de la enseñanza obligatoria. El resultado después de 3 años fue más que alentador. En la aprobación de los presupuestos municipales se consiguió la implicación activa de al menos un 15% de la población. Ello implicó una serie de cambios en dos vertientes. Respecto a la ciudadanía, aumentó la autoestima individual, se incrementó el nivel de información, se fortalecieron las redes sociales y la política se revitalizó. En cuanto a los actores políticos, los PEC supusieron la adquisición de nuevas formas de trabajo más comunitarias, la mejora del proceso de evaluación de las diferentes cuestiones y el replanteamiento de la importancia de la voz de los ciudadanos. Como ejemplo de las acciones que se lograron con la
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