Instituciones políticas y función judicial en Derecho Constitucional comparado (Political institutions and judicial role in comparative constitutional law)

David Landau

Description

Resumen
Los estudiosos del Derecho Constitucional comparado no han entendido que las diferencias radicales en la configuración de las instituciones políticas influyen en la forma en que las cortes hacen su labor. En este escrito desarrollo una teoría comparada del rol judicial centrada en las diferencias generales del contexto político, en particular de los sistemas de partidos, entre países. Uso un estudio de caso de la Corte Constitucional colombiana (complementado con estudios más breves de las cortes húngara y surafricana) para demostrar que las diferencias en las instituciones políticas afectan el rol judicial. Debido a que los partidos colombianos son inestables y tienen escasos vínculos con la sociedad civil, el Congreso tiene dificultades para proponer políticas, supervisar el cumplimiento de las políticas y hacer contrapeso al poder presidencial. La Corte ha respondido asumiendo muchas de esas funciones. Argumento que sus acciones son razonables en el contexto institucional del país, aunque las teorías existentes del rol judicial encontrarían inapropiada esta especie de sustitución del legislativo. La teoría existente que se centra en el carácter antidemocrático de la acción judicial supone una cultura constitucional robusta fuera de las cortes y un cuerpo legislativo que hace un trabajo decente en la representación de la voluntad popular: ambos supuestos tienden a ser falsos en las democracias más nuevas. Los estudiosos del derecho público comparado deben entonces prestar atención al contexto político a fin de construir instrumentos adecuados para evaluar la labor de las cortes en todo el mundo.
Abstract
Comparative constitutional law scholarship has not realized that differences in the configuration of political institutions should bear upon the way courts do their jobs. This paper develops a comparative theory of judicial role that focuses on broad differences in political context, and particularly in party systems, across countries. I use a case study of the Colombian Constitutional Court (supplemented by briefer studies of the Hungarian and South African Constitutional Courts) to demonstrate how differences in political institutions should impact judicial role. Because Colombian parties are unstable and poorly tied to civil society, the Colombian Congress has difficulty initiating policy, monitoring the enforcement of policy, and checking presidential power. The Court has responded by taking many of these functions into its own hands. I argue that the Court’s actions are sensible given Colombia’s institutional context, even though existing theories of judicial role would find this kind of legislative-substitution inappropriate. Existing theory’s focus on the anti-democratic nature of judicial action assumes a robust constitutional culture outside the courts and a legislature which does a decent job representing popular will – both assumptions tend to be false in newer democracies. Thus, comparative public law scholars must be attentive to political context in order to build tools suitable for evaluating the work of courts around the world.

Sujets

• Instituciones políticas
• Partido político
• Derecho constitucional comparado
• Theory
• Political system
• Political party

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• Publié par: erevistas
• Publié le: 01 janvier 2011
• Nombre de lectures: 12
• Langue: Español

Extrait

INSTITUCIONES POLÍTICAS Y
FUNCIÓN JUDICIAL EN DERECHO
CONSTITUCIONAL COMPARADO
David Landau*
fnales de la década de 1990 Colombia afrontó una crisis hi-A potecaria que amenazó a centenares de miles de propietarios
1de vivienda de clase media . El presidente y el Congreso ignoraron
el problema; el presidente estaba ocupado atendiendo los llamados
internacionales de austeridad fscal y el legislativo era demasiado
disfuncional para actuar. La Corte Constitucional colombiana (“la
Corte colombiana” o “la Corte”) empezó a recibir una oleada de
demandas de constitucionalidad de los propietarios de vivienda y
decidió actuar. Realizó sesiones de estilo legislativo a las que invitó
grupos de propietarios, banqueros, economistas y agencias estatales,
y recibió innumerables informes de esos actores. Aunque su enfoque
era interactivo y el proyecto fnal de la ley de vivienda fue redactado
en gran parte por el presidente, la Corte tuvo un papel
preponderante en la redacción de los detalles. Respaldada por la información
bastante precisa que recibió durante su investigación, consideró que
tenía información sufciente para cumplir un papel en materia de
redacción de la política. La labor de la Corte, aunque imperfecta, tuvo
éxito porque era muy popular y porque mantuvo en su vivienda a la
mayoría de los propietarios.
* Candidato a Doctor del Departamento de Gobierno de la Universidad de
Harvard, profesor asistente de Florida State University [[e-mail]].
Agradezco a Christine Desan, David Fontana, Tara Grove, Daryl Levinson,
Daniel Meltzer, Frank Michelman, Miguel Schor, David Schleicher, Cindy Skach,
Matthew Stephenson, Mark Tushnet, Adrian Vermeule, participantes en el
Comparative Law Work in Progress Workshop de la Universidad de Michigan, y a los
participantes en la Northeast Law & Society Conference, por sus comentarios y
conversaciones sobre este artículo. Artículo public Haardo var en d International
Law Journal 51, 2, 2010, pp. 319-377. Traducción de Alberto Supelano. Fecha
de recepción: 24 de enero de 2011, fecha de modificación: 3 de mayo de 2011,
fecha de aceptación: 6 de mayo de 2011.
1 Ver sección III.C.1.
Revista de Economía Institucional, vol. 13, n.º 24, primer semestre/2011, pp. 13-8314 David Landau
¿Cómo evaluar las acciones de la Corte colombiana para enfrentar
la crisis de vivienda? Según la teoría constitucional estadounidense y
las prescripciones emergentes sobre el cumplimiento de los derechos
económicos, sociales y culturales DESC() en derecho constitucional
comparado, sus acciones parecen muy problemáticas. La teoría
constitucional estadounidense exige cierto respeto por la esfera de
competencia del legislativo; ciertos campos de política deben estar fuera
de los límites de las cortes y se deben seguir ciertas reglas incluso en
2esos campos. Un problema de vivienda de la clase media no es un
caso obvio de intervención judicial, pues la clase generalmente
tiene recursos políticos para hacer valer sus derechos. Y aun si hubiera
razones para intervenir, la forma en que intervino la Corte –realizando
sesiones de estilo legislativo y redactando la política de vivienda en
detalle– parece ir más allá de los límites básicos del comportamiento
de una corte. De manera similar, la vertiente emergente de trabajos
3sobre DESC arroja dudas sobre la acción de la .Cor Esta teliteratura
subraya que la ayuda debería ir a los grupos más necesitados y no a
estratos medios. Además, conforme a esta literatura, el cumplimiento
de los DESC debería lograrse con cierta deferencia: las cortes deben
señalar donde ha fallado el órgano legislativo en cumplimiento de
los principios constitucionales, pero deben asegurar que otras ramas
del gobierno asuman el liderazgo en el diseño de políticas. La Corte
colombiana ha sido más agresiva de lo que implicaría el modelo
estándar de DESC.
No obstante, argumento que sus acciones se deben juzgar en el
contexto institucional. Desde esta óptica, son mucho más justifcables
de lo que aducen la teoría constitucional estadounidense o la
literatura comparada sobr DE e SC. Las teorías constitucionales elaboradas
para analizar la labor de la Corte Suprema de Estados Unidos no
son adecuadas para su exportación directa al contexto comparativo,
al menos al mundo en desarrollo. Dicho brevemente, debido a que
la teoría constitucional estadounidense se basa en un conjunto de
supuestos sobre las instituciones políticas que no se cumplen en
muchas democracias del mundo en desarrollo. A nivel más básico,
los constitucionalistas estadounidenses y los teóricos DESCde los
comparados suponen que existe una esfera de política que se debe
reservar al legislativo y someter al proceso democrático, al menos en
ausencia de una justifcación especial. Los teóricos no concuerdan en
la amplitud de esta esfera ni en el tipo de justifcaciones que
permi2 Ver sección I.A.
3 Ver n I.B.
Revista de Economía Institucional, vol. 13, n.º 24, primer semestre/2011, pp. 13-83Instituciones políticas y función judicial en Derecho Constitucional comparado 15
ten la intervención judicial, pero concuerdan en que hay un espacio
exclusivo que se debe dejar al cuerpo legislativo.
Este supuesto básico es válido en algunos contextos pero es
problemático en otros, en particular en democracias del mundo en desarrollo.
En primer lugar, muchos teóricos suponen que otras instituciones
políticas se preocupan por la Constitución cuando diseñan sus
políticas; esto requiere una “cultura constitucional”, al menos entre las
élites. Aunque damos por supuesta dicha cultura en Estados Unidos,
es rara en el resto del mundo. En segundo lugar y más importante, las
instituciones políticas deben funcionar bien en un sentido básico: han
de tener la capacidad y la legitimidad democrática para representar al
“pueblo” de la manera que esperamos normalmente en una democracia.
Pero en muchos países en desarrollo el cuerpo legislativo carece de la
capacidad y la legitimidad democrática mínimas, debido ante todo
a problemas del sistema de partidos. Cualquier intento de construir
una teoría del rol judicial en esos países debería comenzar por tanto
con una evaluación comparativa de sus instituciones políticas, y no
con teorías tomadas en préstamo de Estados Unidos. Este artículo
adhiere entonces a una corriente académica reciente sobre derecho
público que toma en cuenta la importancia de las instituciones
políticas, especialmente de los sistemas de partidos, para el derecho
4constitucional.
El núcleo de este artículo es un estudio de caso de la Corte
Constitucional colombiana desde su creación en 1991. Colombia es un
ejemplo clásico de un país en desarrollo que es democrático (de hecho,
5ha sido democrático durante largo tiempo), pero que sufre de un mal
funcionamiento de las instituciones políticas. En particular, el
sistema de partidos es muy débil: el sistema es fragmentado, los partidos
tienden a ser de corta vida o a tener facciones internas y tienen débiles
raíces en la sociedad. En consecuencia, el cuerpo legislativo nunca ha
podido cumplir un papel constructivo en el diseño de políticas y los
presidentes han dominado en el proceso de diseño de políticas.
Como mostraré más adelante, la Corte Constitucional colombiana
considera que estas condiciones políticas dan licencia para convertirse
quizá en la más activista del mundo. Más importante aquí, ha actuado
como sustituto del legislativo en varias ocasiones, inyectando política
4 Kramer (2000), por ejemplo, argumenta que la estructura descentralizada de
partidos en Estados Unidos protege al federalismo estadounidense, de modo que
las cortes no necesitan proteger este valor por medio de la doctrina. Levinson y
Pildes (2006) sostienen que los estudios y la doctrina judicial sobre división de
poderes en Estados Unidos deberían reconocer que las fuerzas principales en la
política estadounidense son los partidos y no las ramas de gobierno.
5 Ver Bushnell (1993, 201-248).
Revista de Economía Institucional, vol. 13, n.º 24, primer semestre/2011, pp. 13-8316 David Landau
en el sistema, manejando problemas muy complejos y policéntricos, y
desarrollando una amplia concepción de los derechos constitucionales
que utiliza para vigilar al poder ejecutivo. El litigio de la vivienda
antes descrito es un ejemplo de esta estrategia. La sustitución del
legislativo parece ser intrusiva y reñiría con la actual teoría
constitucional estadounidense porque niega totalmente el concepto de una
esfera legislativa independiente. Pero argumento que esta est