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Grupo 11: Ética aplicada en Internet – Estudio de la ética hacker
Coordinación: Ramon Alcoberro & Enric Faura
http://cibersociedad.rediris.es/congreso
Propiedad intelectual: ¿protección o desprotección?
por
Ignacio Gómez
23/08/2001, 21:40 GMT+1
Durante las últimas semanas, la Digital Millennium Copyright Act (ver
texto
en
formato pdf), la ley estadounidense aprobada en 1998 con el fin de adaptar las
leyes de la propiedad intelectual a las exigencias del medio digital, ha vuelto a
ocupar las portadas de los periódicos. Las noticias sobre el procesamiento del
programador ruso Dmitry Sklyarov y la presentación de las conclusiones de un
equipo de científicos sobre los formatos seguros promovidos por la
Secure Digital
Music Initiative
(Iniciativa de Música Digital Segura) han levantado nuevas ampollas
entre quienes critican, o bien la laxitud de ley, o bien su excesivo celo.
A la espera del informe que sobre la ley tiene previsto hacer público este año la
Oficina de Copyright estadounidense, las posturas se vuelven cada vez más
intransigentes. La DMCA se asemeja a un herrumbroso barco que hace agua por
todas partes. Mientras los titulares de los derechos se esfuerzan en tapar los
agujeros del casco, otros dedican el mismo empeño para hacerlos cada vez un poco
más grandes. Los últimos acontecimientos son, en este sentido, una victoria para
quienes mantienen que la ley no sólo sirve para proteger los derechos de autor,
sino también para frenar el análisis y la investigación tecnológica.
Yo pasaba por ahí...
A Sklyarov se le ocurrió un día asomarse por DEF CON, un congreso anual de
hackers
y expertos en seguridad que tiene lugar en Las Vegas, para dar una
conferencia sobre las debilidades del sistema de protección de contenidos de
Adobe. Allí presentó el Advanced eBook Processor, un programa de la compañía
para la que trabaja (ElcomSoft), y que entre otras cosas transforma los archivos
pdf protegidos de Adobe (el utilizado para los libros electrónicos) en otros archivos
pdf normales. Atravesar la aduana estadounidense se demostró un craso error,
pues al término de su ponencia fue esposado por agentes del FBI y enviado durante
unos días a prisión. De allí consiguió salir
gracias a la fianza
de 50.000 dólares
depositada por su compañía, el esfuerzo de los abogados contratados por
ElcomSoft, el asesoramiento de la EFF (Electronic Frontier Foundation) y
la
intercesión
de la propia Adobe, que después de pedir su cabeza en una bandeja, y a
la vista de las reacciones masivas de apoyo a Sklyarov, terminó suavizando su
postura.
El proceso judicial sigue sin embargo su curso, impulsado por los fiscales del
gobierno. Los cargos que se le imputan al programador ruso, que deberá
presentarse ante la corte a finales de mes, son algunos de los recogidos en la
cláusula que impide eludir, cualquiera que sea la estratagema (en este caso un
programa de software) utilizada, los sistemas de protección de los derechos de
autor. En este caso concreto, a Sklyarov se le acusa de proporcionar software capaz
de romper las protecciones de Adobe, así como de ayudar e incitar a la comisión de
un delito. Así, el programador ruso no está acusado de violación de los derechos de
autor (no se ha demostrado que nadie haya utilizado el programa de forma
delictiva), sino de distribuir software que puede ser utilizado para tal fin. Simple y
llanamente, su caso es equiparable al de un individuo detenido por enseñar a
utilizar una ganzúa en la puerta de un colegio.
La acusación recuerda enormemente a
las penalidades sufridas
por Jon Johansen,
el adolescente noruego autor del DeCss, un programa que tenía la virtud de romper
la protección de los DVDs. También reabre un tema aún sin resolver, el de los
límites de la jurisdicción en materia de Internet. ¿Puede Sklyarov ser condenado
por algo que es perfectamente legal en su país? ¿Cómo resolver el conflicto
causado por el choque entre la jurisdicción establecida en términos geográficos y la
naturaleza supranacional de la Red?. Los actuales problemas derivados de la
aplicación de las normas de derecho internacional público y privado serían tan sólo
un juego de niños en comparación con la dificultad de elaborar leyes de alcance
planetario.
Mientras abogados y legisladores estrujan sus neuronas, Sklyarov se enfrenta, si se
demuestra que actuó de forma premeditada y con ánimo de lucro, a una pena de
hasta cinco años de prisión y/o una multa de hasta 500.000 dólares por cada uno
de los cargos de los que se le acusa. Sobre esto también hay discrepancias. Si bien
la motivación de ElcomSoft era ciertamente económica (el programa costaba 99,99
dólares), el sofware sólo podía ser usado por los legítimos poseedores del Adobe
eBook (básicamente, el programa permitía eliminar las restricciones de copia,
almacenamiento o impresión impuestas por el editor de la obra electrónica), por lo
que la defensa estima que únicamente ayudaba a los compradores a ejercer
derechos adquiridos. Nadie quiere sin embargo que el joven termine en la cárcel, y
menos que nadie Adobe, cuya imagen podría quedar seriamente dañada. Por eso
fiscales y abogados negocian
para llegar a algún tipo de acuerdo.
[
Días después, un gran jurado, un grupo de ciudadanos elegido para revisar las
evidencias y determinar si existe causa de procesamiento,
amplió hasta cinco
el
número de cargos por el que se acusa al programador ruso, al incluir el de
conspiración para traficar con herramientas destinadas a eludir la protección de los
derechos de autor. Además, también se encausó de forma confusa a Elcomsoft, la
compañía de Sklyarov, que puede quedar sujeta a un pago de 2,5 millones de
dólares, apoyándose en el hecho de que la compañía utilizó los servicios de un
empresa de pago online estadounidense y los de una compañía de alojamiento de
páginas web con sede en Chicago para vender su programa en Estados Unidos.
Las negociaciones, por tanto, no han llegado aún a buen puerto y el programador
ruso se encuentra un paso más cerca de ser el primer condenado a prisión por
violar los preceptos de la DMCA]
La SDMI o la historia interminable
En la costa este de los Estados Unidos, y mientras Sklyarov espera la llamada del
juez, Edward Felten, profesor de la universidad de Princeton, respira aliviado al
haber podido
hacer públicos
, después de meses de incertidumbre,
los resultados
del estudio
de su equipo sobre los fallos de seguridad de los formatos diseñados por
la SDMI. Esta última, un consorcio creado hace más de dos años y formada por
doscientas compañías relacionadas con el mundo de la música y la tecnología,
trabaja infructuosamente desde entonces para desarrollar un formato seguro capaz
de desplazar al MP3, evitar la piratería y ahuyentar la posibilidad de un nuevo
Napster.
Una vez completados sus cuatro primeros prototipos, la SDMI se atrevió a retar a la
comunidad geek en septiembre de 2000, ofreciendo 10.000 dólares a quien fuera
capaz de romper las
marcas de agua
. La SDMI pedía así, escondida tras el pretexto
del reto tecnológico, probadores a precio de saldo. El profesor Felden y su equipo
fueron algunos de los que recogieron el guante, y al cabo del tiempo hicieron saltar
las protecciones como el que abre una lata de sardinas. Esto acentúo la crisis en el
seno de la SDMI, que poco después
vio dimitir a su presidente
.
Renunciando al premio, que sólo podía ser cobrado si se mantenía el secreto sobre
los detalles técnicos, Felden decidió hacer públicas sus conclusiones en el mes de
abril. Fue entonces cuando, según él, miembros de la SDMI y de la Recording
Industry Association of America (RIAA) le advirtieron veladamente de que podía
estar violando la misma cláusula de la DMCA que luego fue esgrimida contra
Sklyarov.
Felden, por seguridad, decidió callarse, aunque no por mucho tiempo. Un par de
meses después, aconsejado por los abogados de la EFF, demandó a la RIAA (que ha
negado reiteradamente haber proferido nunca ningún tipo de amenazas) con el
propósito de obtener de los jueces una declaración que imposibilite la utilización de
los preceptos de la DMCA para perjudicar o silenciar la investigación científica. El
profesor estadounidense se convirtió así, por obra y gracia de la RIAA, en un
abanderado de la libertad de expresión en el seno de la comunidad científica.
Diálogo de sordos
Tanto en el caso de Sklyarov como en el de Felden se produce un choque entre dos
principios fundamentales del derecho: el derecho de propiedad (en este caso
intelectual) y el de información y acceso a la cultura. Como sucede con algunas
fronteras geográficas entre países, la línea que separa ambos derechos no está
clara, y las huestes de ambos bandos tratan de plantar el cercado en terreno ajeno.
En vez de un pensamiento único, por el mismo precio recibimos dos.
Los argumentos de la EFF resultan en ocasiones algo rebuscados y excesivamente
alarmistas (¿cuáles son los verdaderos derechos del usuario? ¿tienen estos mayor o
menor legitimación que los de los creadores?). Se olvida que compañías como
Adobe (o cualquier creador) sólo tratan de obtener una contraprestación a cambio
de su esfuerzo intelectual. Pero también ilustran de forma preclara sobre algunos
de los excesos de la DMCA. Esta normativa defiende con tanto ahínco las medidas
tecnológicas que salvaguardan los derechos de reproducción que olvida que estos
mismos derechos ya quedan protegidos por las leyes de propiedad intelectual, con
independencia
de la dificultad
de hacer valer sus preceptos. La balanza se inclina
así peligrosamente hacia los titulares de los derechos, que incluyen en esas
herramientas tecnológicas de protección diferentes elementos restrictivos de los
derechos de los usuarios, como señala en
una carta abierta
Lawrence Lessig,
famoso profesor de Stanford.
La EFF y todos los que defienden sus tesis, ya sean hackers, criptógrafos, abogados
o simplemente usuarios, saben además que los vientos corren de su lado. Como
aseguraba
un reciente estudio
de Forrester en que colaboraron 33 expertos en
derechos digitales, las industrias deberán adaptarse a una nueva situación en la
que será difícil, en el medio plazo, obtener ninguna ayuda del legislador. Y es que
incluso alguno de estos últimos, como el congresista demócrata Rick Boucher, está
empecinado en que
suceda exactamente lo contrario
.
Sklyarov y Felten estuvieron o están a punto de ser penados por encontrar
agujeros de seguridad en los sistemas de Adobe y la SDMI. Pero también por
demostrar a las editoriales, los clientes de Adobe, que los sistemas de gestión de
derechos no son perfectos; y a las discográficas que a la SDMI todavía le queda
mucho trecho para honrar su propósito fundacional. Es decir, por informar. Como
agudamente
comenta un experto
estadounidense, la DMCA prohibe violar "medidas
tecnológicas eficaces". ¿Son eficaces los sistemas de Adobe y de la SDMI?. Para
saberlo, deberemos esperar a leer el veredicto de los jueces. Entonces podrá ser
tarde: el público ya tiene la decisión tomada...
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