Propiedad intelectual: ¿protección o desprotección

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Grupo 11: Ética aplicada en Internet – Estudio de la ética hacker

Coordinación: Ramon Alcoberro & Enric Faura

http://cibersociedad.rediris.es/congreso

Propiedad intelectual: ¿protección o desprotección?

por

Ignacio Gómez

23/08/2001, 21:40 GMT+1

Durante las últimas semanas, la Digital Millennium Copyright Act (ver

texto

en

formato pdf), la ley estadounidense aprobada en 1998 con el fin de adaptar las

leyes de la propiedad intelectual a las exigencias del medio digital, ha vuelto a

ocupar las portadas de los periódicos. Las noticias sobre el procesamiento del

programador ruso Dmitry Sklyarov y la presentación de las conclusiones de un

equipo de científicos sobre los formatos seguros promovidos por la

Secure Digital

Music Initiative

(Iniciativa de Música Digital Segura) han levantado nuevas ampollas

entre quienes critican, o bien la laxitud de ley, o bien su excesivo celo.

A la espera del informe que sobre la ley tiene previsto hacer público este año la

Oficina de Copyright estadounidense, las posturas se vuelven cada vez más

intransigentes. La DMCA se asemeja a un herrumbroso barco que hace agua por

todas partes. Mientras los titulares de los derechos se esfuerzan en tapar los

agujeros del casco, otros dedican el mismo empeño para hacerlos cada vez un poco

más grandes. Los últimos acontecimientos son, en este sentido, una victoria para

quienes mantienen que la ley no sólo sirve para proteger los derechos de autor,

sino también para frenar el análisis y la investigación tecnológica.

Yo pasaba por ahí...

A Sklyarov se le ocurrió un día asomarse por DEF CON, un congreso anual de

hackers

y expertos en seguridad que tiene lugar en Las Vegas, para dar una

conferencia sobre las debilidades del sistema de protección de contenidos de

Adobe. Allí presentó el Advanced eBook Processor, un programa de la compañía

para la que trabaja (ElcomSoft), y que entre otras cosas transforma los archivos

pdf protegidos de Adobe (el utilizado para los libros electrónicos) en otros archivos

pdf normales. Atravesar la aduana estadounidense se demostró un craso error,

pues al término de su ponencia fue esposado por agentes del FBI y enviado durante

unos días a prisión. De allí consiguió salir

gracias a la fianza

de 50.000 dólares

depositada por su compañía, el esfuerzo de los abogados contratados por

ElcomSoft, el asesoramiento de la EFF (Electronic Frontier Foundation) y

la

intercesión

de la propia Adobe, que después de pedir su cabeza en una bandeja, y a

la vista de las reacciones masivas de apoyo a Sklyarov, terminó suavizando su

postura.

El proceso judicial sigue sin embargo su curso, impulsado por los fiscales del

gobierno. Los cargos que se le imputan al programador ruso, que deberá

presentarse ante la corte a finales de mes, son algunos de los recogidos en la

cláusula que impide eludir, cualquiera que sea la estratagema (en este caso un

programa de software) utilizada, los sistemas de protección de los derechos de

autor. En este caso concreto, a Sklyarov se le acusa de proporcionar software capaz

de romper las protecciones de Adobe, así como de ayudar e incitar a la comisión de

un delito. Así, el programador ruso no está acusado de violación de los derechos de

autor (no se ha demostrado que nadie haya utilizado el programa de forma

delictiva), sino de distribuir software que puede ser utilizado para tal fin. Simple y

llanamente, su caso es equiparable al de un individuo detenido por enseñar a

utilizar una ganzúa en la puerta de un colegio.

La acusación recuerda enormemente a

las penalidades sufridas

por Jon Johansen,

el adolescente noruego autor del DeCss, un programa que tenía la virtud de romper

la protección de los DVDs. También reabre un tema aún sin resolver, el de los

límites de la jurisdicción en materia de Internet. ¿Puede Sklyarov ser condenado

por algo que es perfectamente legal en su país? ¿Cómo resolver el conflicto

causado por el choque entre la jurisdicción establecida en términos geográficos y la

naturaleza supranacional de la Red?. Los actuales problemas derivados de la

aplicación de las normas de derecho internacional público y privado serían tan sólo

un juego de niños en comparación con la dificultad de elaborar leyes de alcance

planetario.

Mientras abogados y legisladores estrujan sus neuronas, Sklyarov se enfrenta, si se

demuestra que actuó de forma premeditada y con ánimo de lucro, a una pena de

hasta cinco años de prisión y/o una multa de hasta 500.000 dólares por cada uno

de los cargos de los que se le acusa. Sobre esto también hay discrepancias. Si bien

la motivación de ElcomSoft era ciertamente económica (el programa costaba 99,99

dólares), el sofware sólo podía ser usado por los legítimos poseedores del Adobe

eBook (básicamente, el programa permitía eliminar las restricciones de copia,

almacenamiento o impresión impuestas por el editor de la obra electrónica), por lo

que la defensa estima que únicamente ayudaba a los compradores a ejercer

derechos adquiridos. Nadie quiere sin embargo que el joven termine en la cárcel, y

menos que nadie Adobe, cuya imagen podría quedar seriamente dañada. Por eso

fiscales y abogados negocian

para llegar a algún tipo de acuerdo.

[

Días después, un gran jurado, un grupo de ciudadanos elegido para revisar las

evidencias y determinar si existe causa de procesamiento,

amplió hasta cinco

el

número de cargos por el que se acusa al programador ruso, al incluir el de

conspiración para traficar con herramientas destinadas a eludir la protección de los

derechos de autor. Además, también se encausó de forma confusa a Elcomsoft, la

compañía de Sklyarov, que puede quedar sujeta a un pago de 2,5 millones de

dólares, apoyándose en el hecho de que la compañía utilizó los servicios de un

empresa de pago online estadounidense y los de una compañía de alojamiento de

páginas web con sede en Chicago para vender su programa en Estados Unidos.

Las negociaciones, por tanto, no han llegado aún a buen puerto y el programador

ruso se encuentra un paso más cerca de ser el primer condenado a prisión por

violar los preceptos de la DMCA]

La SDMI o la historia interminable

En la costa este de los Estados Unidos, y mientras Sklyarov espera la llamada del

juez, Edward Felten, profesor de la universidad de Princeton, respira aliviado al

haber podido

hacer públicos

, después de meses de incertidumbre,

los resultados

del estudio

de su equipo sobre los fallos de seguridad de los formatos diseñados por

la SDMI. Esta última, un consorcio creado hace más de dos años y formada por

doscientas compañías relacionadas con el mundo de la música y la tecnología,

trabaja infructuosamente desde entonces para desarrollar un formato seguro capaz

de desplazar al MP3, evitar la piratería y ahuyentar la posibilidad de un nuevo

Napster.

Una vez completados sus cuatro primeros prototipos, la SDMI se atrevió a retar a la

comunidad geek en septiembre de 2000, ofreciendo 10.000 dólares a quien fuera

capaz de romper las

marcas de agua

. La SDMI pedía así, escondida tras el pretexto

del reto tecnológico, probadores a precio de saldo. El profesor Felden y su equipo

fueron algunos de los que recogieron el guante, y al cabo del tiempo hicieron saltar

las protecciones como el que abre una lata de sardinas. Esto acentúo la crisis en el

seno de la SDMI, que poco después

vio dimitir a su presidente

.

Renunciando al premio, que sólo podía ser cobrado si se mantenía el secreto sobre

los detalles técnicos, Felden decidió hacer públicas sus conclusiones en el mes de

abril. Fue entonces cuando, según él, miembros de la SDMI y de la Recording

Industry Association of America (RIAA) le advirtieron veladamente de que podía

estar violando la misma cláusula de la DMCA que luego fue esgrimida contra

Sklyarov.

Felden, por seguridad, decidió callarse, aunque no por mucho tiempo. Un par de

meses después, aconsejado por los abogados de la EFF, demandó a la RIAA (que ha

negado reiteradamente haber proferido nunca ningún tipo de amenazas) con el

propósito de obtener de los jueces una declaración que imposibilite la utilización de

los preceptos de la DMCA para perjudicar o silenciar la investigación científica. El

profesor estadounidense se convirtió así, por obra y gracia de la RIAA, en un

abanderado de la libertad de expresión en el seno de la comunidad científica.

Diálogo de sordos

Tanto en el caso de Sklyarov como en el de Felden se produce un choque entre dos

principios fundamentales del derecho: el derecho de propiedad (en este caso

intelectual) y el de información y acceso a la cultura. Como sucede con algunas

fronteras geográficas entre países, la línea que separa ambos derechos no está

clara, y las huestes de ambos bandos tratan de plantar el cercado en terreno ajeno.

En vez de un pensamiento único, por el mismo precio recibimos dos.

Los argumentos de la EFF resultan en ocasiones algo rebuscados y excesivamente

alarmistas (¿cuáles son los verdaderos derechos del usuario? ¿tienen estos mayor o

menor legitimación que los de los creadores?). Se olvida que compañías como

Adobe (o cualquier creador) sólo tratan de obtener una contraprestación a cambio

de su esfuerzo intelectual. Pero también ilustran de forma preclara sobre algunos

de los excesos de la DMCA. Esta normativa defiende con tanto ahínco las medidas

tecnológicas que salvaguardan los derechos de reproducción que olvida que estos

mismos derechos ya quedan protegidos por las leyes de propiedad intelectual, con

independencia

de la dificultad

de hacer valer sus preceptos. La balanza se inclina

así peligrosamente hacia los titulares de los derechos, que incluyen en esas

herramientas tecnológicas de protección diferentes elementos restrictivos de los

derechos de los usuarios, como señala en

una carta abierta

Lawrence Lessig,

famoso profesor de Stanford.

La EFF y todos los que defienden sus tesis, ya sean hackers, criptógrafos, abogados

o simplemente usuarios, saben además que los vientos corren de su lado. Como

aseguraba

un reciente estudio

de Forrester en que colaboraron 33 expertos en

derechos digitales, las industrias deberán adaptarse a una nueva situación en la

que será difícil, en el medio plazo, obtener ninguna ayuda del legislador. Y es que

incluso alguno de estos últimos, como el congresista demócrata Rick Boucher, está

empecinado en que

suceda exactamente lo contrario

.

Sklyarov y Felten estuvieron o están a punto de ser penados por encontrar

agujeros de seguridad en los sistemas de Adobe y la SDMI. Pero también por

demostrar a las editoriales, los clientes de Adobe, que los sistemas de gestión de

derechos no son perfectos; y a las discográficas que a la SDMI todavía le queda

mucho trecho para honrar su propósito fundacional. Es decir, por informar. Como

agudamente

comenta un experto

estadounidense, la DMCA prohibe violar "medidas

tecnológicas eficaces". ¿Son eficaces los sistemas de Adobe y de la SDMI?. Para

saberlo, deberemos esperar a leer el veredicto de los jueces. Entonces podrá ser

tarde: el público ya tiene la decisión tomada...