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Criminalización de la libertad de expresión: protesta social y administración local en Guayaquil (Criminalization of free speech: social protest and local administration in Guayaquil)

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Resumen
Mediante el estudio de la detención de tres personas por protestar en contra de la Metrovía, este artículo analiza la naturaleza de la imposición de las políticas públicas en Guayaquil. Para el efecto, se recogen los hechos narrados en los medios de prensa de la ciudad, se los encuadra dentro de una práctica política local generalizada y se los contrasta con teorías contemporáneas de derechos humanos en materia de libertad de expresión. El artículo demuestra el carácter autoritario y antidemocrático de las autoridades locales y la necesidad de crear espacios que respeten y propicien el debate crítico entre las autoridades y la sociedad civil sobre las políticas públicas.
Abstract
Through a case study of the detention of three people for protesting in opposition to the Metrovía, this article analyzes the authoritative nature of the public politics in Guayaquil. To do so, the facts are narrated as they were seen by the local press, and fitted inside a widespread political practice. Finally, they are contrasted to contemporary theories of human rights as for freedom of speech. The article demonstrates the authoritarian and undemocratic character of the local authorities and the need to create spaces that respect and propitiate the critical debate in relation with the public politics between the authorities and the civil society.
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Criminalización de la libertad de expresión:
protesta social y administración local en Guayaquil
Criminalization of free speech: social protest and
local administration in Guayaquil
Xavier Flores Aguirre
Abogado, Universidad Católica de Santiago de Guayaquil
Email: xaflag@yahoo.com
Fecha de recepción: noviembre 2006de aceptación y versión final: diciembre 2006
Resumen
Mediante el estudio de la detención de tres personas por protestar en contra de la Metrovía,
este artículo analiza la naturaleza de la imposición de las políticas públicas en Guayaquil. Para
el efecto, se recogen los hechos narrados en los medios de prensa de la ciudad, se los encuadra
dentro de una práctica política local generalizada y se los contrasta con teorías contemporáne-
as de derechos humanos en materia de libertad de expresión. El artículo demuestra el carácter
autoritario y antidemocrático de las autoridades locales y la necesidad de crear espacios que res-
peten y propicien el debate crítico entre las autoridades y la sociedad civil sobre las políticas pú-
blicas.
Palabras clave: criminalización de la protesta, libertad de expresión, políticas públicas, espacio
público, Guayaquil, sociedad civil
Abstract
Through a case study of the detention of three people for protesting in opposition to the
Metrovía, this article analyzes the authoritative nature of the public politics in Guayaquil. To
do so, the facts are narrated as they were seen by the local press, and fitted inside a widespread
political practice. Finally, they are contrasted to contemporary theories of human rights as for
freedom of speech. The article demonstrates the authoritarian and undemocratic character of
the local authorities and the need to create spaces that respect and propitiate the critical debate
in relation with the public politics between the authorities and the civil society.
Keywords: criminalization of protest, freedom of speech, public policies, public space,
Guayaquil, civil society
Iconos. Revista de Ciencias Sociales. Num. 27, Quito, enero 2007, pp. 65-75
© Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales-Sede Académica de Ecuador.
ISSN: 1390-1249Xavier Flores Aguirre
de la sociedad civil como de las autoridadesa Metrovía es el sistema integral de
locales. transporte masivo urbano de la ciudad
Este artículo intenta, primero, encuadrarL de Guayaquil. Empezó a operar a fina-
estos hechos dentro de una práctica generali-les de julio de 2006 y lo administra la
zada de imposición de políticas públicas y, se-Fundación Municipal Tr a n s p o rte M a s i vo
gundo, contrastarlos con teorías contemporá-Urbano de Guayaquil, conocida como “Fun-
neas de derechos humanos en materia de li-dación Metrovía”, cuyas funciones son el
bertad de expresión. El objetivo es desentra-control, la gestión y la supervisión de la eje-
ñar las deficiencias del discurso y la praxis decución del sistema mediante la tercerización
1 las autoridades locales, que rayan en una na-de sus servicios . La puesta en marcha de la
turaleza autoritaria y antidemocrática, y queMetrovía implicó el reemplazo de varias líne-
advierten de la grave necesidad de fortaleceras de transporte público, hecho que motivó la
la participación de la sociedad civil y la insti-protesta de la ciudadanía en lo que podría
tucionalidad local y la creación de espaciosconsiderarse como una de las primeras mani-
que respeten y propicien el debate crítico enfestaciones críticas que desde la sociedad civil
relación con las políticas públicas. se realiza hacia los proyectos masivos de la
Municipalidad de Guayaquil, que desde el
inicio de la administración socialcristiana
La protesta y las detenciones(1992-presente) suele gozar de generalizada y
acrítica aceptación.
El lunes 14 de agosto de 2006, alrededor deEn este artículo se analiza la naturaleza de
las 19h00, aproximadamente 200 moradoresla imposición de las políticas públicas en
de las urbanizaciones La Floresta y La PraderaGuayaquil, a partir la detención de tres per-
realizaron una protesta que interrumpió elsonas por protestar en contra de la Metrovía.
paso vehicular en el paradero denominadoEl análisis se realiza a partir de los datos reco-
“La Floresta 2”. La protesta bloqueó el tránsi-gidos en los medios de prensa escrita de la
to de la Metrovía. El fundamento de la pro-ciudad de Guayaquil desde el 15 de agosto de
testa era que la implementación del sistema2006, el día después de realizadas las deten-
Metrovía los obligaba a caminar varias cua-ciones a quienes protestaron, hasta el 10 de
dras en circunstancias inseguras hasta llegar aseptiembre de 2006, aproximadamente dos
la estación más cercana, lo cual se había pro-semanas después de su liberación, sucedida el
ducida debido a la eliminación de varías líne-28 de agosto de 2006. Los medios de prensa
as de transporte urbano. Además, se decía, enconsultados fueron los diarios locales El
el breve período de funcionamiento de laUniverso, El Telégrafo, Expreso y Extra. Vale
Metrovía ya varias personas habían sido vícti-destacar que la cobertura fue distinta en cada
mas de los delincuentes. La protesta duróuno de ellos: El Universo mantuvo una posi-
aproximadamente 20 minutos y se realizó deción informativa pero distante; El Telégrafo
manera pacífica hasta la irrupción en escenafue parco; Expreso y Extra, ambos pertene-
de miembros de la Policía Nacional, quienescientes al mismo grupo empresarial (Gra-
comandados por el Jefe de la Unidad denasa), aportaron con la información más sus-
Vigilancia Sur, coronel Bolívar Obando, ro-tanciosa para la redacción de este artículo, en
ciaron gas al grupo (en el que habían mujeresla medida en que sus notas de prensa involu-
y niños), golpearon a varias de las personas,craban las opiniones de varios actores tanto
destruyeron la evidencia de su agresión y de-
1 Ver más información en www.metrovia-gye.com tuvieron a cinco personas: los ciudadanos
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ÍCONOS 27, 2007, pp. 65-75Criminalización de la libertad de expresión: protesta social y administración local en Guayaquil
Jorge Gilbert, Antonio Malagón y Johnson por la prohibición de salida del país, en razón
García, y el camarógrafo Eduardo Molina y de considerar que de las versiones receptadas
su asistente Christian Vera, del canal de tele- en la Fiscalía se desprendía que los incidentes
visión Canal 1. De acuerdo con los medios de se adecuan a lo que tipifica el Art. 129 del
p rensa, la detención de Gi l b e r t se perpetró Código Penal, que establece una sanción de
p recisamente porque emitió declaraciones uno a tres años y una multa de 44 a 87 dóla-
para Canal 1, mientras que a Ga rcía lo detu- res. Los tres ciudadanos salieron libres, pero
v i e ron porque reclamó al coronel Obando las el proceso sigue su marcha. El 17 de noviem-
r a zones por las cuales insultaba a Gi l b e r t, que bre el Fiscal emitió un dictamen en el que ab-
en ese momento emitía sus declaraciones. A solvió a Malagón y García y acusó a Gilbert,
Malagón lo detuvieron, según sus declaracio- a quien le imputó la autoría del delito de pa-
nes y las de testigos del hecho, por curioso. La ralización de servicios públicos.
detención del camarógrafo Molina se debió a
que éste filmó la agresión policial; los agentes
de policía sacaron y dañaron la cinta de vídeo La crítica ciudadana
que Molina había grabado. La detención de
Vera, su asistente, se debió a que éste intentó La detención de Gilbert, Malagón y García
defenderlo; también fue golpeado por miem- provocó algunas críticas desde la sociedad
b ros de la policía. El martes 15 de agosto, el civil. Los propios moradores del sector pro-
Intendente de Policía del Guayas, Fr a n c i s c o testaron en un parque para exigir su libertad;
Nickel, ordenó la liberación de los periodistas. recolectaron firmas entre ellos y presentaron
Los tres ciudadanos detenidos no corrie- una denuncia ante la Defensoría del Pueblo.
ron con la misma suerte. El mismo día que Organizaciones de derechos humanos repro-
los detuvieron, el 14 de agosto, fueron trasla- charon los hechos. El Comité Ecuatoriano de
dados a la Penitenciaría del Litoral. Al día si- Derechos Humanos y Sindicales, que respal-
guiente, el Juez décimo quinto de lo penal del dó legalmente a los detenidos, manifestó
Guayas, José Ramírez, formalizó su detención duras críticas a la manera en que se condujo
por obstruir y paralizar la Metrovía. El Fiscal el proceso. Su Secretario señaló que con este
Héctor Vanegas inició la instrucción contra procesamiento lo que se lograba era “coartar
los tres detenidos por el delito tipificado en el los derechos ciudadanos de expresar su in-
artículo 158 del Código Penal: “sabojate y te- conformidad sobre un determinado tema, en
rrorismo de bienes públicos”, que no es sus- este caso la Metrovía”. El Comité Permanente
ceptible del pago de fianza. El 25 de agosto, por la Defensa de los Derechos Humanos ex-
en su peritaje de los hechos, el Fiscal verificó presó que no podía admitirse la criminaliza-
que la protesta de los moradores ocurrió a 38 ción de la protesta ni tampoco la violenta res-
metros de la parada de la Metrovía, entre las puesta de las autoridades policiales, que aca-
calles Roberto Serrano y Primera de la ciuda- rrea una reacción, a su vez, violenta. Su
dela La Floresta I y solicitó al Juez vigésimo Secretario Ejecutivo calificó como “absurdo y
cuarto de lo penal del Guayas, Luis Rojas, la antidemocrático” que ante los reclamos de los
revocatoria de la prisión preventiva que pesa- moradores de La Floresta se reaccione de esa
ba contra los tres detenidos por considerar manera y sostuvo la existencia de una falta de
que se desvanecieron los elementos de con- diálogo y la urgencia de propiciar uno en el
vicción. El lunes 28 de agosto, el Juez susti- que participen todos los sectores sociales.
tuyó la orden de prisión preventiva que pesa- El Defensor (e) del Pueblo del Guayas es-
ba en contra de Gilbert, Malagón y García timó que “todos tienen derecho a re c l a m a r” y
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ÍCONOS 27, 2007, pp. 65-75Xavier Flores Aguirre
que la pena que se les pretendía aplicar a los namiento de la Metrovía. Asimismo, varios
detenidos era “t e r r i b l e”. Abogados en libre editoriales criticaron la falta de información
e j e rcicio y funcionarios del Ministerio Público en la puesta en marcha de este medio de
del Guayas calificaron de “improcedente, ile- transporte. Sin embargo, pocas veces critica-
gal y absurd a” la acusación contra los deteni- ron de manera directa las acciones que se ini-
dos; uno de ellos sostuvo incluso que lo que se c i a r on en contra de Gi l b e rt, Malagón y
p retendía era desconocer el derecho de la ciu- García. En realidad, sólo el editorialista Emi-
dadanía a protestar y que “indudablemente la lio Palacio y el autor de este artículo publica-
administración de justicia está siendo maneja- mos en nuestras columnas editoriales de dia-
da desde la Mu n i c i p a - l i d a d” . rio El Universo una crítica a los hechos repre-
En distintos medios impresos, miembros sivos del 14 de agosto y sus consecuentes de-
de la sociedad civil expresaron sus abiertas tenciones. Emilio Palacio expresó que las au-
críticas. Entre otros, psicólogos calificaron los toridades entendían la democracia “como el
hechos de “actitud fascistoide, donde los ciu- acto de ir a votar cada cuatro años. Los ciu-
dadanos no tienen derecho a protestar” y sos- dadanos en ese lapso solo pueden hablar y es-
tuvieron que “la manifestación y la piedra si- cribir para hacerle la venia al jefe. Las discre-
guen siendo expresiones de frustración, ante pancias no están permitidas. Son socialmente
la ausencia de espacios de diálogo verdadero”. rechazadas. Y si eres un ciudadano de a pie
El sociólogo Héctor Chiriboga señaló que era [como Gilbert, Malagón y García], terminas
costumbre “atropellar a las clases desposeídas” tras las rejas”. En la misma línea, en mi edi-
y, en ese contexto, comparó la protesta que torial expresé que “la protesta, siempre que
realizaron los moradores de la vía a Sambo- sea pacífica (como en este caso), no es acto
rondón por la apertura del puente Carlos que merezca reproche ni sanción penal por-
Pérez Perasso y la protesta de La Floresta: “en que es un acto que se ejecuta bajo el amparo
el norte no se apresó a nadie y se entregó la de un derecho fundamental de toda sociedad
obra, en el sur fue todo lo contrario”, con lo civilizada, cual es el derecho a la libertad de
cual sugirió la existencia de un trato diferen- expresión”, una sociedad democrática “no se
cial en función de la clase social de quienes construye sobre la base de una imposición
protestan. Enfatizó también que “hay que sino sobre las posibilidades de escuchar las
crear estaciones de expresión ciudadana para voces disidentes. Ojala que este caso constitu-
desterrar la confrontación”, para que se em- ya un ejemplo de que en esta ciudad […]
piece a tomar en cuenta a las comunidades pueden privilegiarse las ideas y el debate pú-
afectadas por las políticas públicas y se propi- blico en torno a ellas por sobre la imposición
cie la reflexión crítica en la esfera pública. El de una noción de orden público que acalla la
antropólogo Xavier Andrade denunció que la disidencia”. Estas fueron, por cierto, las úni-
falta de diálogo y las políticas inconsultas son cas críticas que las autoridades locales respon-
el estilo de la Municipalidad y cita como dieron.
ejemplos el proyecto del puerto Santa Ana,
con posibles consecuencias dramáticas res-
pecto de la privatización de las orillas del La reacción y sus consecuencias
Guayas y la intención de convertir el antiguo
aeropuerto en centro de convenciones sin es- Al día siguiente de los hechos, la reacción del
tudio técnico alguno. presidente de la Fundación Metrovía, Fede-
En varias ocasiones, distintos periódicos rico von Buchwald, fue declarar que no sabía
del medio recogieron quejas sobre el funcio- qué buscaban quienes protestaban: “no sé en-
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tonces cuáles son los motivos del reclamo, es- un servicio público, siempre y cuando canali-
tamos investigando, incluso a algunos trans- cen sus protestas dentro de la ley”, y que los
portistas”. Pero sí enfatizó, con dudosa agu- actos de Gilbert, Malagón y García “[perjudi-
deza, que “quienes sean detenidos por parali- caron] a decenas de miles de personas [sic] de
zar la Metrovía deberán comprarse un libro escasos recursos que acudían a sus casas desde
muy grande porque pasarán mucho tiempo sus lugares de trabajo [lo que] la ley, no noso-
en la cárcel”. Lo secundó en este punto el ge- tros, y más precisamente el artículo 158 del
rente de la Fundación Metrovía, Mario Guz- Código Penal, califica […] como un delito
mán, quien señaló que “quien paralice el ser- penado de 8 a 12 años de reclusión”. Más
vicio público de transporte habrá incurrido aún, dicho funcionario fustigó la actuación
en un delito que se pagará hasta con 12 años del Fiscal Vanegas, que solicitó la revocatoria
de cárcel”. de la prisión preventiva de los encausados, a
El día siguiente de esa declaración, el 16 quien acusó de prevaricar y sobre quien de-
de agosto, se pre s e n t a ron ante la prensa el claró que “habrá que tomar medidas contra
p residente de la Fundación Me t rovía y el él”. La comunicación termina con una grave
Di rector de la Comisión de Tránsito del sentencia: “recurriremos a la ley y a la justicia
Guayas, Ro b e rto Pólit, con el propósito de para que se sancione a quienes, a cualquier tí-
solicitar que la ciudadanía apoye a la Me t ro - tulo, paralicen el servicio público de la
vía. D e c l a r a r on que la “c o n f u s i ó n” por la eli- Metrovía”.
minación de los buses “se va superando” y Las opiniones de otras autoridades locales
que se harían modificaciones en el re c o r r i d o son análogas a las emitidas por los funciona-
de ciertas líneas para servir adecuadamente a rios de la Fundación Metrovía. Muchas de
los moradores de La Pradera y La F l o re s t a estas opiniones se realizaron con posteriori-
que protestaban. No hicieron, sin embargo, dad a la liberación de Gilbert, Malagón y
m a yo res comentarios sobre las agre s i o n e s García y se referían a protestas de los estu-
contra los periodistas: “la policía nacional diantes que tenían fundamento en otros he-
tiene que responder sobre eso” dijo vo n chos, como la muerte de Homero Torres
Buchwald y se desentendió del asunto. Esto, (quien el 1 de septiembre fue arrollado por
a pesar que el propio jefe del Comando un bus de la Metrovía), la detención de per-
Guayas de la policía, coronel Víctor Hu g o sonas que protestaban o el funcionamiento
C ó z a r, reconoció ante la prensa “los erro re s mismo de la Metrovía. Todas estas protestas
de procedimiento de un oficial” en la deten- no se realizaron siempre de manera pacífica,
ción de quienes protestaban. con lo cual conviene establecer una diferencia
Las autoridades locales no se refirieron en entre las consecuencias y responsabilidad que
ningún momento a las críticas que contra sus pueden derivarse de las protestas pacíficas,
políticas se realizaron en los medios de pren- como la sucedida el 14 de agosto, y aquellas
sa locales, salvo el caso de las columnas edito- que no lo son. Sin embargo, cabe destacar
riales arriba referidas. La respuesta del presi- que para ambos tipos de protesta, la política
dente de la Fundación Metrovía, publicada el de las autoridades locales se mantuvo del
3 de septiembre, no tiene reparo: describe al mismo modo inflexible.
detalle su política de criminalización de la El gobernador Carlos Ortega expresó que
protesta. Von Buchwald sostuvo que “un ciu- “según el artículo 129 del Código Penal, los
dadano o varios pueden criticar, pedir correc- que participaron en este incidente serán san-
ciones, protestar incluso, manifestar respecto cionados por la Fiscalía del Guayas por tra-
-entre otras cosas- al [sic] funcionamiento de tarse de un delito”, mientras que el Alcalde de
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Guayaquil, Jaime Nebot Saadi, expresó que ario de las autoridades locales en materia de
“en lo que concierne al Municipio de política social: la continua imposición de una
Guayaquil, no permitiremos que las avenidas disciplina sobre los usos públicos que se apli-
sean destruidas bajo el pretexto de una pro- ca en Guayaquil bajo los auspicios del deno-
testa. Si hay que sancionar a alguien con todo minado proceso de “regeneración urbana”.
el rigor de la ley lo tendremos que hacer”, y Esta disciplina se manifiesta en una serie de
2añadió, “no tiene justificativo que las obras de prohibiciones y de regulaciones inconsultas
la ciudad, que están en gran desarrollo, sean (verbigracia, la estética que en general se im-
destruidas o convertidas en lugares para pro- pone, la eliminación de las bancas en la zona
tagonizar manifestaciones. No estoy de acuer- regenerada, la implantación de disfuncionales
do con esa actitud”. También afirmó de áreas verdes, etc.). Este fenómeno conduce,
modo tajante: “En Guayaquil, con o sin en esencia, a la existencia de una arquitectura
ayuda del Estado, yo mantendré el orden, urbana que propicia la conversión del ciuda-
como lo he hecho muchas veces (…) Si el dano en turista de su propia ciudad y a un
Gobernador no pone orden, Nebot pone uso del espacio público sujeto a una vigilan-
orden”. cia extrema que favorece la comisión de vio-
El director del área de Justicia y Vigilancia laciones a las libertades civiles de las personas,
del municipio de Guayaquil, Andrés Roche, en nombre de una idea sesgada o arbitraria
3declaró que la obstaculización de la vía públi- del orden y la seguridad .
ca se sanciona con penas de 8 a 12 años de Cabe destacar que la imposición de esta
prisión. Además de esta inflexibilidad y evi- política pública de continuas prohibiciones y
dente criminalización de la protesta, la estra- de apropiación privada de los espacios públi-
tegia de las autoridades locales consistió en cos es materia de escasa discusión en una ciu-
vincular la política y las protestas, como una dad en la que el discurso de las autoridades se
manera de desvirtuar la naturaleza de esas acepta casi sin crítica alguna por parte de sus
protestas. Así, el gobernador de la provincia habitantes. Este aparente consenso, por su-
del Guayas sostuvo que “no permitirá el de- puesto, lejos de legitimar las acciones de las
sorden público y tomas de vías, con el pretex- autoridades de la ciudad, es meramente indi-
to del fervor existente por el proceso electoral cativo de la autosatisfacción y la apatía de las
próximo a realizarse en el país”, mientras el
alcalde acusó a un movimiento político de iz- 2 Entre ellas, las prohibiciones de ingreso a áreas públi-
cas (el lugar X “se reserva el derecho de admisión”), dequierda de politizar las protestas y movilizó a
besarse, de sentarse, de circular o de comportarse de
partidarios del Partido Social Cristiano (PSC) una manera distinta a la ordenada, de vestimenta para
y funcionarios municipales a que se concen- el caso de los habitantes del cerro Santa Ana y de los
taxistas -fallida esta última-, de acceso de los despose-traran en zonas céntricas de la ciudad con el
ídos -vagos y mendigos- y de los vendedores informa-
supuesto propósito de “defender la Metrovía
les a las áreas regeneradas, lo que se traduce en una
y la obra del alcalde de Guayaquil”. verdadera “limpieza sociológica” del sector y en abu-
sos varios de las autoridades que aplican esta restric-
ción.
3 Una aproximación sobre este fenómeno puede apre-
Intermedio crítico ciarse en el ensayo del antropólogo X. Andrade
(2006). Fuera de unas pocas voces críticas en los me-
dios de comunicación locales, es probable que elLa reacción de las autoridades locales ante
mayor cuestionamiento a la obra de la regeneración
estos hechos de protesta no constituye, ni
urbana proceda del ámbito artístico local. Una genea-
mucho menos, un caso aislado. La reacción logía de ese fenómeno puede consultarse en Kronfle
Chambers en este dossier de ICONOS.es, en todo caso, lógica consecuencia del ide-
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ÍCONOS 27, 2007, pp. 65-75Criminalización de la libertad de expresión: protesta social y administración local en Guayaquil
elites y la clase media (que son las directas be- Jaime Nebot como el director de la
neficiarias de las mismas) y el silenciamiento Fundación Me t rovía, Federico von Bu c h -
de los excluidos del proceso de “regeneración wald, sostuvieron siempre que los actos de
urbana”. La consecuencia de lo anterior es la protesta que en la vía pública realizaron Gil-
producción de una ciudadanía mínima, que bert, Malagón y García merecían una conde-
carece en general de los canales de expresión na penal, en específico, la establecida en el ar-
para manifestar su eventual descontento con tículo 158 del Código Penal, de 8 a 12 años
las políticas públicas que las autoridades de de prisión. Esta criminalización de la protes-
Guayaquil les imponen, casi en todos los ta se halla en plena sintonía con el discurso y
casos, de manera inconsulta. la praxis de las autoridades locales en materia
de política social. Esta criminalización exclu-
ye el análisis jurídico que desde el derecho
El derecho constitucional y el derecho de los derechos
humanos se puede realizar de este fenómeno.
Teniendo como contexto la producción de Esta exclusión contribuye a que las autorida-
esta ciudadanía mínima, la criminalización des locales tengan una visión claramente ses-
que varias autoridades locales hicieron de los gada de este fenómeno.
actos de protesta de los ciudadanos de las ur- Su visión es sesgada porque cabe, en efec-
banizaciones La Floresta y La Pradera merece to, la realización de un análisis jurídico mu-
una crítica jurídica desde dos perspectivas cho más complejo. Uno que comprenda que
que tienen íntima relación entre sí. La prime- las protestas en la vía pública son una mane-
ra: que el análisis jurídico que vertieron las ra de ejercer los derechos a la libertad de ex-
autoridades locales sobre los actos de protesta presión y a la libertad de reunión que garan-
es asaz limitado porque implica la reducción tizan tanto la Constitución como los tratados
de este fenómeno a un ámbito exclusivamen- de derechos humanos. En este sentido lo en-
te penal, cuando en el contexto descrito es tendió el Informe Anual 2005 de la Relatoría
evidente que existe una colisión de derechos. para la Libertad de Expresión de la Comisión
La segunda: que en virtud de que el análisis Interamericana de De rechos Hu m a n o s
jurídico se relaciona con una evidente coli- (CIDH), que dedicó su Capítulo V al análisis
sión de derechos, inter alia, el derecho a la li- de “Las manifestaciones públicas como ejerci-
bertad de circulación y el derecho a la liber- cio de la libertad de expresión y la libertad de
tad de expresión, las autoridades locales, y reunión”. Precisamente, en su primer párrafo
con mayor razón las judiciales, la Relatoría destacó:
deben resolver esa colisión a favor del derecho
“Los sectores más empobrecidos de nues-que de mejor manera desarrolle los presu-
tro hemisferio confrontan políticas y ac-puestos de una sociedad democrática, esto es,
ciones discriminatorias, su acceso a la in-el derecho a la libertad de expresión.
formación sobre la planificación y ejecu-
ción de medidas que afectan sus vidas dia-
La colisión de derechos
rias es incipiente y en general los canales
tradicionales de participación para hacer
En los hechos del caso se demostró que el públicas sus denuncias se ven muchas
único entendimiento que las autoridades lo- veces cercenados. Ante este escenario, en
cales tuvieron acerca de los hechos de protes- muchos países del hemisferio, la protesta y
ta en contra de la Metrovía fue su criminali- la movilización social se han constituido
zación. Así, en particular, tanto el alcalde como herramienta de petición a la autori-
71
ÍCONOS 27, 2007, pp. 65-75Xavier Flores Aguirre
dad pública y también como canal de de- Con fundamento en esta doctrina del “foro
nuncias públicas sobre abusos o violacio- público” y, en particular, en el criterio ex-
nes a los derechos humanos”. (CIDH puesto por la Relatoría de la CIDH, debe en-
42005) . tenderse que la protesta que realizaron en la
vía pública Gilbert, Malagón, García y otras
La primera parte de la opinión de la Re l a t o r í a decenas de personas la noche del 14 de agos-
refleja una realidad sociológica que se aplica to del 2006 constituyó, no un acto criminal
plenamente en el país y, en part i c u l a r, en como sostuvieron las autoridades locales, sino
Guayaquil. La actuación de las autoridades lo- una manera de expresar su descontento por el
cales en este caso concreto de las protestas así funcionamiento del servicio de transporte
lo acredita. La lógica consecuencia de ello no masivo Metrovía y de peticionar ante las au-
puede ser otra que la mencionada por la toridades públicas para que efectúen cambios
Relatoría, esto es, que la protesta y la mov i l i- en sus políticas a este respecto.
zación social constituyen, dadas las circ u n s- El corolario de esta primera crítica jurídi-
tancias, mecanismos de petición y denuncia ca es, entonces, que el caso de la protesta en
ante las autoridades públicas. Un apoyo adi- contra de la Metrovía implica un análisis ju-
cional (tan necesario como implícito) para rídico que trascienda la visión estrictamente
esta consideración hecha por la Relatoría se penal que las autoridades locales tienen del
halla en la consolidada doctrina del “f o ro pú- asunto en virtud de la evidente colisión de
b l i c o” que largamente ha sostenido la Cort e derechos, cuando menos, entre el derecho a la
Su p rema de los Estados Unidos de América circulación y el derecho a la libertad de ex-
desde el caso Hague vs. C.I.O. En esa ocasión, presión.
este alto tribunal se pronunció sobre el uso de
la vía pública en los siguientes términos: La primacía del derecho a la libertad
de expresión
“[Las calles], desde tiempos inmemoriales,
se han utilizado con los propósitos de reu- En el contexto de esta colisión de derechos es
nión y de comunicación de ideas entre los importante destacar el valor que el derecho a
ciudadanos, y para la discusión de temas
la libertad de expresión tiene para toda socie-
públicos. Tal uso de las calles y de los espa-
dad que se precie de democrática. En unacios públicos, desde antiguo, ha sido parte
opinión que forma parte de la jurisprudencede los privilegios, inmunidades, derechos y
constante de la Corte Europea de Derechosl i b e rtades de los ciudadanos” (Cort e
Humanos (CEDH), este alto tribunal deter-Suprema de los EEUU: Hague vs. C.I.O).
minó que:
4 Sobre la primera parte de esta cita, que hace referen-
“[…] la libertad de expresión constituyecia a las circunstancias sociales en que el derecho a la
manifestación pública se encuadra, conviene recordar uno de los pilares esenciales de una socie-
las palabras del Juez William Brennan de la Corte dad democrática y una condición funda-
Suprema de Justicia de los Estados Unidos: “Los mé-
mental para su pro g reso y para el desarro l l otodos convencionales de peticiones puede ser, como
personal de cada individuo. Dicho dere c h osuelen serlo, inaccesibles para grupos muy amplios de
no solo debe garantizarse en lo que re s p e c-ciudadanos. Aquellos que no controlan la televisión o
la radio, aquellos que no tienen la capacidad econó- ta a la difusión de información o ideas que
mica para [expresar sus ideas] a través de los periódi- son recibidas favorablemente o considera-
cos o hacer circular elaborados panfletos, pueden lle-
das como inofensivas o indiferentes, sinogar a tener un acceso limitado a los funcionarios pú-
también en lo que toca a las que ofenden,blicos” (Juicio “Adderley versus Florida”, 385 U.S. 39,
1966). resultan ingratas o perturban al Estado o a
72
ÍCONOS 27, 2007, pp. 65-75Criminalización de la libertad de expresión: protesta social y administración local en Guayaquil
cualquier otro sector de la población. Ta l e s Como ya se mencionó, las circunstancias so-
son las demandas del pluralismo, la tole- ciales son las que habilitan que se utilicen
rancia y el espíritu de apertura, sin las cua- estos mecanismos de participación., y con
les no existe una sociedad democrática mucha mayor razón en los países que tienen
5[…]” (CIDH 2005, capítulo V) . democracias tan débiles y poco institucionali-
zadas como el nuestro, Esto no implica, por
Como ya se expuso en el apartado anterior, el supuesto, que el ejercicio de este derecho a
derecho a manifestarse en la vía pública se manifestarse públicamente carezca de límites.
contiene en el derecho a la libertad de expre- En efecto, el derecho a la libertad de expre-
sión. En este sentido, tal como ha destacado sión no es un derecho absoluto: el artículo 23
la Relatoría de la CIDH, “la participación de numeral 9 de la Constitución y el artículo 13
las sociedades a través de la manifestación pú- de la Convención Americana se los imponen.
blica es importante para la consolidación de Es evidente que esta defensa de la libertad de
la vida democrática de las sociedades” (Íbi- expresión no pretende desentenderse de los
dem). De ahí que, en relación con la colisión efectos colaterales de las protestas. Sin duda
de derechos que se mencionó, la Relatoría re- alguna, la comunidad tiene el derecho de re-
conoce que: prochar los excesos que muchas veces suceden
en el curso de una protesta (rotura de bienes
“[…] al momento de hacer un balance públicos, lesiones, etc.), incluso mediante el
sobre el derecho de tránsito, por ejemplo,
recurso al derecho penal. Pero aún en esos
y el derecho de reunión, corresponde tener
casos, tal como aclara el jurista argentino Ro-en cuenta que el derecho a la libertad de
berto Gargarella, “no debe perderse de vista loexpresión no es un derecho más sino, en
más importante: es perfectamente posibletodo caso, uno de los primeros y más im-
distinguir estos reprochables excesos de laportantes fundamentos de toda la estruc-
prioritaria necesidad de resguardar las expre-tura democrática: el socavamiento de la li-
bertad de expresión afecta directamente al siones públicas de la ciudadanía” (Gargarella
nervio principal del sistema democrático” 2000).
6(Íbidem). En efecto, la sanción penal para situacio-
nes de protesta se debe dar en casos absoluta-
mente excepcionales. Debe aplicarse como5 Esta opinión también se recoge en la jurisprudencia
excepción, solo cuando suceden hechos dede la Corte y Comisión Interamericanas de Derechos
Humanos. violencia que estrictamente la requieran: no
6 En el Informe de la Relatoría se cita un caso del
es nunca la regla a la cual debe sujetarse la ac-
Tribunal Constitucional español que, dada la simili-
ción de las autoridades siempre que éstas seantud con los hechos en cuestión, amerita una mención.
El peticionario recibió una sanción por participar en auténticamente democráticas. La lógica de
una manifestación que interrumpió el tránsito por 45 esta excepcionalidad de la sanción penal estri-
minutos. El Tribunal sostuvo que la interrupción del
ba en el efecto amedrentador del debate pú-tráfico no puede considerarse, sin más, como una
conducta contraria al límite que específicamente esta- blico que puede darse en virtud de su impo-
blece el art. 21.2 CE (alteración del orden público), sición. En este sentido, la Relatoría para la
pues, tal y como se ha indicado, los cortes de tráfico
Libertad de Expresión fue enfática en desta-
sólo pueden considerarse comprendidos en dicho lí-
car las consecuencias de la penalización: mite cuando como consecuencia de los mismos pue-
dan ponerse en peligro personas o bienes. Dicho lo
cual, el Tribunal resolvió que la sanción que se impu-
nal Constitucional Español, 42/2000, Sentencias delso al peticionario le vulneró su derecho de reunión en
14 de febrero del 2000, FJ 2, citado CIDH 2005, pá-la medida en que su conducta se hallaba amparada en
rrafo 91).el ejercicio de este derecho fundamental” (Cfr. Tribu-
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ÍCONOS 27, 2007, pp. 65-75Xavier Flores Aguirre
“El amedrentamiento a la expresión a tra- de las autoridades locales, en particular a la
vés de la imposición de penas privativas de Alcaldía de Guayaquil.
la libertad para las personas que utilizan el Dos menciones finales que tienen impor-
medio de expresión antes mencionado, tancia en aras de entender la actuación de las
tiene un efecto disuasivo sobre aquellos autoridades locales y que se refieren al com-
sectores de la sociedad que expresan sus p o rtamiento de los agentes de la Po l i c í a
puntos de vista o sus críticas a la gestión de
Nacional en el caso concreto: de acuerdo con
gobierno como forma de incidencia en los
la Relatoría para la Libertad de Expresión,procesos de decisiones y políticas estatales
“las autoridades públicas poseen medios ade-que los afecta directamente [en virtud de
cuados para dispersar a multitudes, y quelo cual determinó que] es necesario valorar
aquellos responsables de mantener el ordensi la imposición de sanciones penales se
público deben hacer un esfuerzo para causarconstituye como el medio menos lesivo
sólo el mínimo posible de daños y violacionespara restringir la libertad de expresión”
7(CIDH 2005, capítulo V) . a la integridad física y para preservar y respe-
tar la vida humana”. Asimismo, en cuanto a
Con fundamento en lo expuesto, en la medi- la específica relación con los periodistas y ca-
da en que la protesta que realizaron Gilbert, marógrafos que cubren una protesta pública,
Malagón y García constituyó una protesta la Relatoría sostiene que “éstos no deben ser
pacífica, que pretendía hacer conocer el des- molestados, detenidos, trasladados o sufrir
contento de una parte de la sociedad en rela- cualquier otra limitación a sus derechos por
ción con una política pública que les ocasio- estar ejerciendo su profesión” (CIDH 2005,
naba un perjuicio, su actuación se encuadra- capítulo V, párrafos 98 y 101). En el caso de
ba dentro del ejercicio de su derecho a la li- las protestas del 14 de agosto no sólo fue evi-
bertad de expresión. Su actuación era una dente que la policía actuó a contramano de
manifestación plenamente democrática; su estas obligaciones de respeto y garantía, sino
criminalización por parte de las autoridades que es sintomático el silencio aquiescente de
locales es exactamente lo contrario. La san- las autoridades civiles locales que, implícita-
ción penal es válida solo por excepción; la in- mente, alienta este tipo de prácticas que se
vocación al “orden público”, en las circuns- encuadran dentro de su política de criminali-
tancias dadas, constituye un justificativo de zación de la protesta.
una praxis autoritaria, misma que lamenta- Como corolario de esta segunda crítica ju-
blemente no es extraña a los procedimientos rídica, conviene entonces mencionar nueva-
mente a Roberto Gargarella: “El derecho
debe proteger la protesta, en lugar de acallar-7 En un sentido análogo se expresó el Centro de
Estudios Legales y Sociales (CELS) (acaso sea la la, [porque] la democracia se asienta en el di-
ONG de derechos humanos más importante de senso, más cuando tenemos una democracia
Argentina) que analizó el derecho a la protesta en el
representativa: dado que delegamos en los go-marco del fenómeno “piquetero” y concluyó: “La se-
lección estatal de un acto de protesta como ilícito bernantes el poder político, el control de las
penal, cuando esta selección se realiza en infracción a armas, es especialmente necesario que nos re-
aquellos principios del poder penal del Estado -por
servemos como sociedad la posibilidad de cri-
ejemplo, porque el acto de protesta está amparado en
ticarlos permanentemente” (G a r g a re l l ael ejercicio legítimo de un derecho- constituye un su-
puesto de criminalización ilegítima […] En caso con- 2005). Situación que, vale admitirlo, en el
trario, el poder penal del Estado, lejos de conformar Guayaquil contemporáneo simplemente no
un recurso de última ratio para el aseguramiento de la
sucede. paz social, se utiliza como un mecanismo espurio de
control social” (CELS 2003).
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ÍCONOS 27, 2007, pp. 65-75